El Gobierno ante la decisión de liberalizar la propiedad de la oficina de farmacia

Reuníos en corro

Allá donde vaguéis

Y admitid que las aguas

Han crecido a vuestro alrededor

Y aceptad que pronto

Estaréis calados hasta los huesos

Si vuestro tiempo es algo

Que vale la pena conservar

Entonces mejor que empecéis a nadar

U os hundiréis como una piedra

Porque los tiempos están cambiando

Estos versos que cantaba Bob Dylan allá por 1964 parecen inspirados en el contexto actual de la oficina de farmacia española. Los tiempos están cambiando, las aguas han crecido y pronto estaréis calados hasta los huesos, a no ser que empecéis a nadar.

En España se ha reabierto el debate, a cuenta de la filtración – interesada, diría yo – del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, de si la propiedad de las farmacias debe estar reservada únicamente a los licenciados en farmacia y si debe mantenerse el sistema actual que ordena y restringe la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Las redes sociales arden en airadas controversias entre los que están a favor y en contra de semejante medida. Los actuales propietarios de farmacias – llamémosles boticarios, por abreviar –se oponen a la medida con gran fiereza, lo cual es comprensible. Hay que tener en cuenta que para llegar a ser dueño de su farmacia, estos boticarios han tenido que ejercer su profesión durante años hasta obtener la experiencia suficiente para que la consejería de sanidad de su Comunidad Autónoma les adjudique la correspondiente autorización administrativa, en función de un sistema de puntos por méritos. Con la nueva Ley, cualquier inversor advenedizo, sin formación, experiencia o puntos, podrá ser propietario de una farmacia. "Hasta un abogado ruso", como publica estos días un opinante profesional en la prensa especializada.

Sin embargo, este agravio no es más que la guinda a un pastel de gigantescas proporciones. Lo importante de este asunto es que la apertura de oficinas de farmacia lleva décadas regulada por un sistema muy restrictivo y como en todo mercado donde la oferta está limitada, los precios pagados por los traspasos de farmacias se han disparado. Es lógico, hasta hace poco ser propietario de una farmacia suponía trabajar en un sector con un número de competidores limitado y a una prudente distancia unos de otros, con una demanda estable y creciente de medicamentos y los precios debidamente regulados para preservar la independencia de los profesionales sanitarios (y de paso, limitar la competencia en beneficio de laboratorios y boticarios). Así que el mercado de traspasos de farmacias, animado y lubricado por asesores-intermediarios, ha sufrido hasta hace bien poco lo que solemos llamar un sobrecalentamiento o burbuja de precios. ¿De qué estamos hablando? Para hacernos una idea, una farmacia española factura de media unos 600.000 Euros y el precio pagado por esa farmacia hasta hace poco suponía multiplicar por 2 ó 2,5 sus ventas.

Tenemos entonces un boticario que ha pagado pongamos 1.500.000 Euros por su farmacia, de los cuales como mínimo 1.000.000 Euros los ha obtenido de una entidad financiera, poniendo como garantía el propio negocio y avalando con el resto con su patrimonio. Este boticario ya lleva 3 años arrepintiéndose de haber pagado semejante cantidad, ya que aunque la competencia sigue estando restringida, lo cierto es que la demanda ya no crece sino que ha caído más de un 20% desde que en 2009 se rompiera la tendencia, a causa de las políticas de reducción de gasto público farmacéutico impulsadas por los gobiernos de PSOE y PP. Si además tiene la mala fortuna de tener su farmacia en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias, etc. - la lista es tan larga que sería más cómodo citar las excepciones – el boticario en cuestión lleva dos años sufriendo retrasos en el cobro de las recetas, que ha tenido que aguantar con sus propios ahorros y asumiendo el coste financiero.

En resumidas cuentas, este boticario está ya bastante fastidiado porque si hoy intentara vender su farmacia, nadie le pagaría más del 1,5 de sus ventas. Es decir, en el mejor de los casos obtendría suficiente dinero para saldar la deuda bancaria y posiblemente ni eso. En esto se parece sospechosamente a tantos compatriotas que invirtieron en inmuebles, endeudándose por su valor pre-burbuja, y encontrándose hoy con una deuda superior al valor de los activos. Lo mismo que tantos empresarios, entidades financieras, etc. Historia Económica de España, años 2007 a 2013, nada más.

¡Qué injusticia!, claman los boticarios contra la medida anunciada, y en cierta medida lo es. La manera de legislar el sector farmacéutico en estos años de angustias soberanas, a golpe de Real Decreto-ley, ha generado una inseguridad jurídica que es mala señal para cualquier inversor y especialmente grave en un sector donde el componente sanitario debería suponer un mayor cuidado de la Administración a la hora de dotarlo de estabilidad.

Sin embargo, detrás de esta reivindicación hay muchas realidades incómodas. Si el boticario quería seguridad y estabilidad por encima de todo, podía haber luchado por un modelo de remuneración fija, independiente de sus ventas, ligado exclusivamente a su actividad sanitaria. Si quería seguridad y estabilidad, tendría que haber renunciado al modelo actual, donde el boticario no deja de ser un Empresario Individual, obligado a rentabilizar sus inversiones y con cierta libertad – dentro del cumplimiento de obligaciones sanitarias – para desarrollar su negocio. Nadie se quejaba en los años buenos donde, al calor del crecimiento económico y de una vigorosa demanda de medicamentos, esos mismos boticarios hicieron crecer sus negocios, en una metamorfosis lucrativa de boticas a boutiques, generando importantes ingresos adicionales a la receta pública con la venta de productos parafarmacéuticos, dietéticos cuando no puramente estéticos, adosando a su farmacia una ortopedia, una óptica o, en casos extremos, un centro de belleza.

Pero la condición de empresario, es lo que tiene. De nada vale quejarse ahora de que el negocio no da, de que las inversiones realizadas han perdido su valor por culpa de los cambios legislativos. Esto es algo que le ocurre a todas las empresas que trabajan en sectores regulados, que se exponen a cambios normativos con consecuencias no siempre favorables a sus negocios. Precisamente por eso estos empresarios suelen dotarse de potentes lobbys, para evitar que la Administración legisle en su contra.

La eliminación de la reserva de propiedad de la oficina de farmacia sería un golpe definitivo para una parte importante del colectivo de titulares. Al eliminarse esta restricción, los sistemas de adjudicación de licencias por méritos se caen por su propio peso (ya no haría falta méritos, ni siquiera el título para ser dueño de la licencia) y es lógico pensar que las normas autonómicas que regulan los habitantes por farmacia y las distancias irían facilitando poco a poco la posibilidad de abrir nuevas farmacias. De pronto, al eliminarse las restricciones y abrir la propiedad a cualquier inversor, el valor de la licencia administrativa pasaría a ser prácticamente nulo. Lo único que valdría – como por otro lado pasa en la mayoría de los negocios – es la capacidad de esa farmacia para generar flujos de caja positivos en este nuevo contexto de libre competencia.

De llevarse a cabo la eliminación de la reserva no solo se acabaría con el modelo actual de farmacia, sino que se produciría la ruina personal de miles de boticarios. Solo se salvarían aquellos que, habiendo comprado su farmacia hace muchos años, tengan el fondo de comercio y sus deudas a largo plazo completamente amortizadas. Pero incluso estos lo tendrían francamente difícil para sobrevivir en un mundo competitivo. Son muchos años viviendo en un entorno protegido y el boticario medio no está acostumbrado a competir, y menos contra corporaciones multinacionales.

Un factor crítico a la hora de competir es el importe de la inversión a la que cada competidor debe dar de comer. No hace falta ser economista para entender que si un inversor ha pagado 2 millones de Euros por su farmacia y otro entra al mercado pagando 0,5 millones, el primero tiene las cosas mucho más difíciles. Sólo por esto, los actuales propietarios lo llevarían bastante crudo en un contexto liberalizado. Pero es que, además, tendrían que competir con grupos cuya capacidad de negociación frente a la industria farmacéutica sería comparativamente enorme, y cuyo coste de operación sería sustancialmente menor.

Desde un punto de vista de logística, una farmacia típica recibe al día entre 6 y 10 pedidos de al menos 2 mayoristas diferentes (cuando no de 3 ó 4), y trabaja unas 7.000 referencias de producto. Su mayorista, que normalmente es una cooperativa propiedad de los propios boticarios, atiende todas las exigencias de surtido y servicio de las boticas y esto le obliga a servir 3 ó 4 veces al día, en un tiempo cortísimo (unas 2 horas y media) y trabajando unas 25.000 referencias en stock. Por el contrario, un grupo de distribución integrado verticalmente – esto es, con almacenes y farmacias dentro de su estructura – trabaja menos de la mitad de referencias y envía 1 solo pedido al día, sin tantas exigencias de tiempo de entrega. Se puede uno imaginar la diferencia de costes operativos que tienen una y otra estructura, y como saldrían parados los boticarios si intentaran competir manteniendo estos vicios adquiridos.

Es curioso que en sus comunicados de prensa la propia patronal de distribución española (Fedifar) se vanaglorie de tener uno de los mejores sistemas de Europa, precisamente por la proliferación de almacenes, por la amplitud de surtido, por la frecuencia de pedidos y la inmediatez en la entrega. Todo esto está muy bien pero, ¿es necesario? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? Porque si tiramos del hilo, todas estas “comodidades” que la farmacia española se ha podido permitir hasta ahora se financian todas con el mismo recurso, que no es otro que el precio que la Administración paga por las recetas. Esto, señores boticarios, no es eficiencia, sino todo lo contrario.

Todo este sistema, como digo, se caería por efecto de la competencia si el Gobierno decide eliminar la reserva de propiedad y las restricciones a la libre apertura.

Una decisión en manos del Gobierno de España

No es un debate nuevo. La Comisión Europea nunca ha visto con buenos ojos las restricciones a la libre competencia en la farmacia  -no así en otros sectores, como el agrícola, donde el proteccionismo se acepta como algo natural  – y el combate no ha cesado desde que en 2006 Europa nos sacara la tarjeta amarilla del famoso Dictamen Motivado. Los titulares brindaron prematuramente en 2009 por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los modelos farmacéuticos italiano y alemán, y sobre la planificación asturiana en 2010, dando por zanjado el asunto.

Error craso: Aunque la sentencia de 19 de mayo de 2009 del Tribunal Europeo estaba llena de argumentos en defensa de nuestro modelo de propiedad-titularidad, la conclusión fundamental del mismo era que la decisión estaba en manos de cada Estado Miembro, que podía limitar la libertad de establecimiento según su criterio si ello estaba justificado por motivos sanitarios. El Tribunal acepta las restricciones pero también aprobaría que no las hubiera, si el Gobierno Español así lo decidiera.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), en su reciente manifiesto en defensa del modelo de farmacia manifiesta que “El modelo regulado de Farmacia ha sido refrendado de modo inequívoco por diversas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de interés general y salud pública”, lo cual es cierto pero omite una realidad jurídica crucial. Es el Gobierno de España el que tiene la última palabra, y si éste elige modificar el modelo mediante la nueva Ley de Servicios Profesionales, Europa no va a poner pegas.

Tampoco parece que la postura del PSOE y otros partidos de la oposición, que ahora se ponen de lado del boticario, vaya hacer cambiar de parecer a un Gobierno que lleva poco más de un año tomando medidas desagradables, todas ellas en contra de la opinión pública. Salvo raras excepciones, lo natural es que la oposición se oponga a las medidas del Gobierno, por lo que nadie debe ilusionarse demasiado con este repentino brote de apoyos al modelo de farmacia. Por otro lado, el PP cuenta con una mayoría absoluta que le va a permitir hacer lo que quiera con este asunto y además no está solo en su postura puesto que UPyD, en este asunto, le acompaña en el Congreso.

También está quien se aferra a las declaraciones de la Ministra de Sanidad, apoyando el modelo como si esto fuera un asunto particular de De Guindos. No se lleven a engaño, la hoja de ruta del Gobierno está marcada desde su toma de posesión por la evolución de la prima de riesgo y el objetivo de evitar un rescate por parte de la UE. Hace tiempo que perdimos como país la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, el mismo día que aceptamos que ya nadie quería comprar nuestra deuda pública y que sin el apoyo del Banco Central Europeo no había dinero para pagar nóminas de funcionarios, facturas de proveedores, recetas de farmacéuticos… Esto no es, como algunos pretenden en un análisis sensacionalista muy típico de este sector, una revancha de De Guindos porque su abuelito era boticario y el siendo economista no pudo heredar. Eso es una mamarrachada que no merece publicarse ni en el Qué Me Dices. Ni es un objetivo de De Guindos ni de su ministerio. Este cambio forma parte de un paquete de medidas previamente pactadas con la Unión Europea, orientadas a eliminar barreras administrativas y a favorecer la libre prestación de servicios dentro del mercado común, y lo de la propiedad de la farmacia es solo parte de un conjunto de clara intención liberalizadora.

Al boticario español le falta visión de conjunto, a veces parece que vive en otro universo. Nuestro modelo económico no se sostiene, a causa de la deuda pública. El Gobierno está obligado a tocar palos que en situación normal no tocaría, y el argumento de la salud, al no ser aplastante, no puede contra la urgente necesidad de tomar medidas drásticas.

Además, olvídense de la Sra. Mato porque si hay un partido en España que sea ideológicamente afín a la libre competencia ese es el Partido Popular. ¿De dónde han resurgido estas tesis liberalizadoras, sino del think tank de FAES? Olvídense de Bruselas y de Luxemburgo y recuerden, de paso, que ese Partido Popular es el partido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos de este país.

Los pecados de la farmacia española

En todo caso, los boticarios pueden rasgarse ahora las vestiduras todo lo que quieran pero lo cierto es que esta liberalización, si llega, será responsabilidad en gran parte de ellos mismos. Si en lugar de oponerse sistemáticamente al cambio, de lamentarse de los sucesivos varapalos legislativos sin hacer nada para remediarlos, hubieran asumido que el modelo iba a terminar por ser insostenible y a diseñar uno alternativo que diera suficiente cobertura al ciudadano pero permitiendo al Estado un ahorro importante en la distribución del fármaco, otro gallo cantaría.

En lugar de ello, el modelo se ha ido degradando y han proliferado comportamientos que, de salir a la luz pública bien explicados, sonrojarían a todo el colectivo. Al principio de esta disertación he hablado sobre las transmisiones de la titularidad de las farmacias, que se rigen, en teoría, por un sistema abierto a cualquier comprador titulado con los méritos suficientes, adecuadamente publicitado y donde las Consejerías de Sanidad y los Colegios Profesionales deben velar por la limpieza del proceso. La realidad es muy distinta. El mercado de traspasos está dinamizado por empresas de consultoría que se encargan de poner en contacto a vendedores y compradores, de valorar las farmacias y de intermediar en las operaciones. Estas empresas, que normalmente trabajan a comisión sobrando un porcentaje del precio del traspaso, han jugado un papel importante en la sobrevaloración de las farmacias, por motivos evidentes. En la práctica, un boticario puede vender y de hecho vende su farmacia al mejor postor, incumpliendo fácilmente el sistema teórico impuesto por la Administración, que debería ir orientado precisamente a evitar esta especulación, al tratarse de un asunto sanitario.

Si rascamos un poco más, podremos comprobar que en el país proliferan las sagas familiares de boticarios. Esto es así no solo por que las licencias administrativas se heredan (asunto ciertamente cuestionable en pleno siglo XXI), sino porque es habitual realizar operaciones con el siguiente esquema: El padre (o madre) boticario, con años de experiencia y méritos de sobra, accede a una nueva botica y cede a sus hijos (que carecen de méritos, por su escasa antigüedad) la que era de su propiedad. Así, sin mucha complicación, la familia pasa a tener dos, tres, o las farmacias que sean capaces de acumular entre padres e hijos. No hace falta más que ir al listado de farmacias de cualquier colegio provincial para comprobar que esto es así. Este sistema lógicamente perjudica injustificadamente al resto de aspirantes, que con los mismos méritos que los hijos de boticario quedan siempre detrás de los padres.

Hay quien puede pensar que solo por acabar con estos restos de nepotismo medieval se justifica toda la reforma de la Ley de Servicios Profesionales.

La independencia y profesionalidad del farmacéutico

Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la patronal del sector para entendernos, “El Sistema español de Farmacia, basado en propiedad – titularidad del farmacéutico, es un modelo que garantiza una atención de calidad al paciente, por encima de otros intereses. Un farmacéutico que sea propietario de su farmacia es independiente económicamente, lo que garantiza el libre ejercicio de su profesión”. Estos argumentos están extraídos literalmente de las sentencias del Tribunal Europeo y teóricamente tiene lógica si no fuera por lo que sabemos de la farmacia española.

El principal argumento del binomio titularidad propiedad es la independencia del farmacéutico que teóricamente es mejor garante de independencia y de no poner lo económico por encima de la salud. Hay incluso quien pretende afirmar que el farmacéutico no tiene ánimo de lucro, aunque esta barbaridad es mejor no repetirla delante de De Guindos, no sea que nos saque la declaración de Hacienda y nos tengamos que poner colorados.

Por otro lado, esta visión beatífica del farmacéutico contrasta con la presunción de culpabilidad de cualquier otro empresario, que no tiene ninguna base. Entre boticarios, estos días se habla de las multinacionales, del “Gran Capital”, como si habláramos de la mafia siciliana, como si por definición una empresa de gran tamaño o un inversor internacional fuera esencialmente algo malo. Este pensamiento, que se mezcla además con argumentos patrióticos, contrasta con la realidad moderna de un país como España, imbricado en la UE y obligado a jugar las reglas de la globalización. ¿No sería mejor para nuestro país que en lugar de miles de pequeños empresarios surgiera un Amancio Ortega de la farmacia, dispuesto a salir de España y montar sus propias farmacias en todo el mundo?

El argumento sanitario tiene, de hecho, muy poco peso ya que las multinacionales son mucho más fáciles de controlar. Sabemos además que esa aclamada independencia del boticario no existe tampoco hoy en día, porque el farmacéutico está obligado a dar de comer a los fondos que han financiado esa inversión (propios y ajenos), como cualquier otro empresario, grande o pequeño.

Utilizar la profesionalidad como argumento es especialmente peligroso cuando existen hoy en día situaciones de incumplimiento generalizadas, precisamente poniendo la economía por encima de la salud. El ejemplo más claro de esto está en la venta de medicamentos genéricos. El sistema de prescripción impuesto por el Ministerio de Sanidad es el de prescripción por principio activo, es decir, el médico elige la molécula (omeprazol, paracetamol, fentanilo, atorvastatina) y el farmacéutico dispensa el genérico, de la marca que él prefiera. La normativa sanitaria - Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, artículo 3.6. – establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de descuento o incentivo a los farmacéuticos, para evitar que estos tengan la tentación de elegir el medicamento en función de sus intereses económicos. Se trata de preservar la independencia del farmacéutico, de que éste no tenga tentaciones, de evitar que se ponga lo económico por encima de la salud del paciente. ¿Cómo se explica entonces la guerra comercial que hay en el canal farmacia entre fabricantes de genéricos, las hordas de comerciales dedicados a promocionar las marcas de genéricos en la botica, los increíbles descuentos de hasta el 50% que se le ofrecen al farmacéutico para que promueva una u otra marca?

El Ministerio de Sanidad conoce perfectamente de la existencia de estos descuentos, lo sabe Mato, lo sabe De Guindos, lo saben todos los boticarios de este país y lo saben los grandes fabricantes de genéricos, nacionales e internacionales, que operan en España. ¿Cómo se puede hablar de independencia del farmacéutico cuando éste está condicionado de una manera tan flagrante y generalizada en sus decisiones de dispensación por motivos puramente económicos?

Recordemos que los genéricos entre sí son teóricamente bioequivalentes, por tanto para el paciente no debería tener un efecto diferente tomar una marca u otra. En este sentido, el boticario podría alegar que la salud no está en juego, pero aun así no podría negar que está incumpliendo la normativa sanitaria vigente y que su profesionalidad queda cuestionada. Por otro lado, si todos los medicamentos genéricos son iguales, ¿por qué esos descuentos del 50% no se los hacen a la administración, en lugar de al farmacéutico, y así nos beneficiamos todos los ciudadanos? La respuesta a esto viene ya en forma de subastas, como las promovidas por la Junta de Andalucía, muy discutidas por todos los agentes del sector, incluyendo fabricantes, distribuidores y boticarios.

Este incumplimiento generalizado y sistemático de las normas de independencia por motivos puramente económicos es solo uno de los esqueletos que la botica española guarda en el armario. El otro, del que vimos la puntita a raíz del caso Dorribo (aquel que tuvo cierta trascendencia mediática por la presunta implicación del antiguo Ministro de Fomento) es el de la exportación de medicamentos.

Otra de las salvaguardas del sistema actual es que los boticarios solo pueden vender medicamentos a pacientes y la mayoría de ellos con receta. Sin embargo, cada vez está más generalizada (y no hay más que ver los expedientes de inspección de algunas consejerías) la práctica de vender esos medicamentos a mayoristas especializados en exportación, obteniendo unos márgenes adicionales que no solo van contra la ley sino que pueden suponer un desabastecimiento de esos fármacos para el paciente. Estos boticarios sin escrúpulos, no solo nos hacen cuestionarnos la capacidad del modelo actual para garantizar esa profesionalidad e independencia, sino que son un peligro para la salud. Sin embargo, ¿a cuántos de ellos se les ha retirado la licencia? ¿Hay alguno en la cárcel? Insisto, una multinacional no se va a jugar tan fácilmente su prestigio y si se dedica al sector salud, va a tener unos protocolos de vigilancia muy superiores a los que pueda garantizar el sistema actual. Sin duda, un modelo liberalizado no garantiza un control sanitario completo, pero no hay tampoco forma de demostrar que los incumplimientos serían peores que los actuales, y mi sospecha es que funcionaría mejor.

Un tercer asunto peliagudo es el de las residencias de ancianos. Los medicamentos que consumen los ancianos que viven en residencias solo los puede suministrar, en el modelo actual, un farmacéutico. En algunas zonas más ordenadas, a través del colegio de farmacéuticos se establece un sistema rotativo y equitativo, para que las farmacias se turnen en el abastecimiento a residencias de manera que los beneficios de esas ventas se repartan sin que haya luchas intestinas o competencia entre boticarios (pactos que por otro lado deberían de estar siempre en el punto de mira de la Comisión Nacional de la Competencia). En otras zonas no tan organizadas, el mercadeo entre farmacias y residencias, lubricado y dinamizado por los consultores de turno (que no podían faltar a la fiesta), es flagrante. Las farmacias se pelean entre sí para quedarse con el suministro a la residencia, dando descuentos, productos sanitarios gratis y otras dádivas para fidelizar a sus clientes. Esto, además de estar terminantemente prohibido por la normativa sanitaria, es una muestra más de que el sistema actual tiene poco que alardear en cuestión de independencia, profesionalidad y ética sanitaria.

Solo con estos tres asuntos cabría cuestionarse mucho si el sistema actual realmente sería mejor que un escenario liberalizado. Pero hay otro tema  espinoso a la vez que irónico. El argumento que esgrimen el CGCOF y la FEFE para defender el modelo, haciendo referencia a la profesionalidad del titular y a su independencia, se cae de maduro cuando comprobamos el altísimo porcentaje de boticarios que no pisan la farmacia más de dos horas al día. Estos mismo boticarios que critican al inversor capitalista han actuado muchos de ellos como capitalistas puros, dejando el ejercicio de la profesión en manos de un farmacéutico adjunto, un asalariado, mientras ellos se dedicaban a otros menesteres. Esta incómoda realidad, este pecado, les quita a estos boticarios el peso moral suficiente para defender el modelo actual.

Farmacéuticos patrióticos

Otro argumento que se utiliza estos días para defender el modelo es que hoy en día la farmacia es un sector 100% nacional y no deslocalizable. Cualquiera que no pertenezca a este mundo contestaría a primera vista que por definición una distribución minorista no es deslocalizable. Se puede deslocalizar la producción o incluso, dentro de unos límites, la distribución mayorista, pero el tramo minorista, por definición no es deslocalizable. Puede que los dueños no sean españoles, pero las farmacias siempre estarán en España, crearán puestos de trabajo en España y tributarán – en gran parte – en España. Precisamente porque no es deslocalizable, abrir el capital a otros inversores (nacionales o extranjeros) no sería potencialmente tan dañino.

Se argumenta, en este mismo sentido que el modelo actual genera 79.000 empleos. ¿Acaso un modelo más abierto no generaría estos o algunos más? En el fondo, se trata de redistribuir riqueza. Hoy en día un porcentaje del valor añadido se queda en manos de los 21.000 titulares de oficina de farmacia, y otro no tan alto en manos de los 79.000 empleados. En otro modelo la distribución de este valor añadido – que se origina, no lo olvidemos de un gasto público y por tanto de nuestros impuestos – sería diferente, pero no necesariamente más injusta.

Por otro lado, se argumenta que el modelo actual garantiza  al  ciudadano la  prestación farmacéutica, aún en momentos adversos, refiriéndose a las situaciones recientes de  demoras en el pago en algunas Comunidades Autónomas. ¿Acaso las multinacionales no aguantarían igual o mejor este tipo de situaciones? Ahí están las multinacionales de la industria farmacéuticas aguantando plazos de pago de 2 años de los hospitales públicos, sin rechistar, cosa que los boticarios ni podrían soportar financieramente ni, a juzgar por los comportamientos huelguistas y revolucionarios demostrados en los últimos tiempos (Comunidad Valenciana, sin ir más lejos), están dispuestos a asumir.

Se dice que el modelo actual posibilita a las Administraciones Sanitarias la implantación de programas para la mejora de la calidad de la asistencia farmacéutica, como la receta electrónica, la atención a pacientes crónicos y polimedicados, la atención sociosanitaria, etc…  Con todos mis respetos, si en lugar de 21.000 titulares independientes, con cuarenta y pico colegios profesionales detrás, hubiera 3 multinacionales con sendas cadenas de farmacias, la receta electrónica y todo lo demás estaría implantado ya en toda España, y de manera homogénea. Señores de FEFE, este tipo de argumentos boomerang es casi mejor no sacarlos a la palestra.

De todas formas, tampoco se entiende que haya quien defienda un proteccionismo para el capital farmacéutico, manteniéndolo en manos españolas y profesionales, y luego pretenda poder invertir su dinero en cualquier sector, en cualquier país. Si queremos globalización, si queremos libre mercado, tendrá que ser para todo, ¿o no? ¿Acaso los boticarios españoles no tienen sus ahorros invertidos donde les da la gana? Incluso en parte, sin saberlo (o sabiéndolo), es posible que sea propietario, directamente o a través de su fondo de inversión o de pensiones, de una multinacional – válgame Dios – farmacéutica, o incluso de una cadena de farmacias que opere fuera de España (una auténtica herejía). Insisto, a cualquiera que no conozca de cerca el mundillo farmacéutico español, su aislamiento de la realidad económica y su visión hipermétrope y sesgada de la realidad, este tipo de razonamientos como mucho le harán gracia. ¿Capital extranjero? Precisamente, lo que trata la UE es evitar que existan sectores protegidos de la libre circulación de capitales.

Es gracioso que la propia FEFE hable incluso de una “cartelización” del sector si se liberaliza la propiedad, dando por hecho que la cosa quedará entre 2 ó 3 grandes multinacionales que se repartirán a su antojo el mercado. Esto – además de un feo desprecio a las capacidades de la Comisión Nacional de la Competencia para evitar semejante escenario – si se hiciera, como ha ocurrido en otros sectores como telefonía o energía, partiendo de monopolios nacionales, podría ser cuestionable. Pero si se liberaliza partiendo de cero y la concentración del mercado se produce por efecto de la competencia, no hay nada que objetar. En todo caso, esta situación no es prudente denominarla como un cártel, en sentido peyorativo, sobre todo cuando el sistema actual es tan flagrantemente restrictivo de la competencia. No sea que alguien nos insinúe que el actual modelo farmacéutico español es un gran cártel auspiciado por el Estado.

La capilaridad y la farmacia rural

En defensa del modelo, se insiste también desde los foros oficiales en que ningún sistema liberalizado garantizaría la capilaridad del sistema actual. En la punta de lanza de este argumento se coloca a la farmacia rural, condenada a desaparecer si el sistema se liberaliza.

¿Saben lo que ocurriría si el sistema se liberaliza? Muy sencillo, que solo subsistirían farmacias en aquellas zonas donde hubiera demanda suficiente. En aquellos municipios donde no hubiera posibilidad de ganar dinero montando una farmacia, no se abriría ninguna. ¿Saben otra cosa? Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy. Si alguien me encuentra un boticario rural que esté operando en plan ONG contra su propio patrimonio, que me lo diga.

Se argumenta que las grandes cadenas solo montarían farmacias en los núcleos de población medianamente grandes, y que el negocio de las rurales se resentiría porque los habitantes de los pueblos comprarían fuera del pueblo. ¿Dónde está el problema? Si los del pueblo quieren comprar fuera, que compren fuera. El problema, en realidad, solo lo es para los propios boticarios rurales y para algunos pobres ancianos con dificultades para desplazarse. Pero no nos engañemos, por un 3% de la población que vive en municipios de menos de 1000 habitantes no se justifica mantener un modelo que podría traer mejoras para el restante 97%. ¿O el Gobierno no debe de tomar decisiones por el interés general?

La farmacia rural, desgraciadamente, aunque algunos quieran situarla en la base del modelo no deja de ser una excusa o parapeto para proteger intereses mucho menos solidarios. ¿Hay que subvencionar a la farmacia rural? Pues depende de los recursos que tenga el Estado, de si eso realmente es imprescindible para garantizar la calidad de vida en el medio rural y de si hay una proporcionalidad entre el coste de las subvenciones y los beneficios de mantener farmacias en esos núcleos rurales. Insisto, al 97% restante de los ciudadanos nos tendrían que explicar muy bien porque se justifica la solidaridad (con nuestros impuestos) en estos casos y no en otros.

Mejoras para el ciudadano

Curiosamente, se da por hecho que la liberalización rompería la actual capilaridad, cuando la libre apertura en principio supondría una mayor capilaridad. Otra cosa es que, con el tiempo, la demanda y la capacidad de los diferentes agentes para satisfacerla, dé lugar a un modelo con más o menos farmacias. Pero, en todo caso, ese número de farmacias será el que los propios ciudadanos, pacientes y consumidores, hayan definido con sus hábitos de consumo.

Es que en mi barrio quitaron la farmacia, dirán algunos, echando la culpa a la liberalización. No señor, la culpa de que cerraran la farmacia no es de la liberalización, sino de los vecinos del barrio que preferían ir a la farmacia del centro comercial porque tenía mejor oferta. ¿O es que el Estado debe mantener un sistema de ordenación artificial para preservar farmacias deficitarias y que todos los barrios tengan la suya?

Es que las personas mayores no se pueden desplazar. Vamos a ver, si las personas mayores no se pueden desplazar da igual donde esté la farmacia porque ya hoy en día está yendo un familiar a por las medicinas. Además, si éste es el problema el Gobierno debería legislar para permitir la entrega a domicilio de medicamentos, algo que por otra parte redundaría en mejoras para todo el sistema (eso sí, en detrimento una vez más del status quo actual del boticario). Por otra parte, si hablamos de pacientes ambulatorios (de los que sí se pueden desplazar), estos teóricamente se ceñirían a comprar en la farmacia más cercana, la de su barrio. Entonces, ¿dónde está el problema? Volvemos a lo mismo, en un sistema liberalizado habrá farmacias donde los pacientes, con su demanda, quieran que haya. No hay sistema más justo.

Se discute también el cambio de modelo argumentando que el precio de las medicinas no bajaría porque está regulado. Esto es lo que se llama falsear la realidad interesadamente, puesto que los precios de los medicamentos los define el Gobierno y lo lógico es que, después de liberalizar, toque los márgenes de distribución y farmacia a la baja y siga actuando sobre precios de medicamentos como hasta ahora. Una cosa no quita la otra, y en un contexto de mercado dominado por grandes empresas, con economías de escala y una logística más eficiente que la actual, el gobierno podría apretar más los márgenes sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

También se dice que un modelo con un mayor número de farmacias es más caro para el Estado, ya que la normativa actual (Real Decreto-ley 823/2008) establece una deducción para las farmacias según su volumen de facturación de recetas. Esta afirmación da por hecho que se abrirían muchas más farmacias por habitante (como ha sido el caso en Navarra), lo cual va en contra de otro argumento en defensa del modelo que es la capilaridad. ¿En qué quedamos, habrá más farmacias o menos? De todas formas da igual porque si el número de farmacias crece y su facturación media disminuye, el Gobierno no tiene más que derogar esa parte del RDL 823/2008 y problema solucionado.

En Europa no hay liberalización

Es cierto que en Alemania, Francia e Italia la propiedad de la farmacia no está plenamente liberalizada. En este sentido, parece floja la coartada europea que el Ministerio de Economía maneja para justificar esta medida. En Alemania, por ejemplo, donde la distribución mayorista está desde hace años mayoritariamente en manos de inversores privados (tiburones, como los llamarían aquí los boticarios), uno de los mayores distribuidores del país intentó montar su propia cadena de farmacias y se ha metido una torta de pantalón largo, precisamente por estar aquel mercado más regulado de lo que les gustaría.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre los modelos alemán, italiano o francés, y el modelo español, y es que a ellos sí les cuadran – de momento – las cuentas públicas, y a nosotros no. Esto es lo que el boticario español tiene que entender cuando se defiende diciendo que en Europa no hay liberalización.

Por otro lado, en los Países Miembros como el Reino Unido donde si hay liberalización, hay una cadena de farmacias muy implantada, cuya marca principal es Boots. Esta cadena pertenece desde hace unos meses al gigante americano Walgreens, multinacional cotizada en bolsa, cuya filial española, Alliance Healthcare España, es el segundo mayor distribuidor de nuestro país, con una cuota de mercado de casi el 12%. ¿Es posible que los propios boticarios españoles se levanten en armas contra la liberalización y al mismo tiempo contribuyan a sostener el negocio español de quien, en unos meses, estará haciéndoles la competencia? Pues sí, es posible. Bienvenidos al incoherente mundo de la botica española.

Insisto, este sector es como El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Se escuchan cosas tremendas, se habla de grandes capitales y pequeños capitales, como si unos fueran mejor que otros, como si los grandes capitales no fueran sino una suma de pequeños capitales, estructurados en torno a fondos de inversión, o de pensiones. Se sataniza el capital, como si viviéramos en la Oceanía de Orwell, en 1984, y al mismo tiempo esos boticarios ejercen de capitalistas con sus ahorros, como cualquier otro ahorrador, en la medida de sus posibilidades que en ocasiones son bastante cuantiosas.

Conclusiones

Pese a todo lo dicho a favor de eliminar las actuales reservas de propiedad y restricciones a la libre apertura de farmacias, pienso que las reglas del juego no se pueden cambiar de un día para otro. La inseguridad jurídica es mala per se, y el Gobierno no puede justificar la ruina personal de quienes invirtieron pensando en el modelo anterior. Surge, a mi modo de ver, la necesidad de un periodo transitorio y de llevar a cabo el cambio de forma gradual. Y no se puede pretender que los farmacéuticos titulares, los colegios y la patronal, apoyen la medida porque es la ruina para ellos. No queda más remedio que hacer la reforma con la oposición del colectivo.

En el fondo estamos ante un debate ideológico. O se está a favor de la competencia o no. Argumentos para restringirla siempre va a haber. Ahí está la agricultura, los sectores estratégicos, etc. Pero en un país donde se están privatizando infraestructuras, transportes, hospitales, que pertenece a la UE y que depende hoy en día del apoyo del BCE para refinanciar su deuda, debe elegir muy bien qué líneas rojas marca y qué aspectos debe sacrificar.

Un último apunte. Aunque en Twitter se dicen muchas chorradas, el otro día leí algunos  comentarios que muestran hasta qué punto algunos boticarios viven en otro mundo. Parece que hay unos cuantos que piensan que la propiedad les pertenece en exclusiva por haber estudiado la carrera universitaria de farmacia. ¿Y los demás, que hemos estudiado otras carreras, los abogados, arquitectos, médicos, enfermeros, economistas, biólogos, periodistas, a qué tenemos derecho?

Señores boticarios, un consejo y ya termino. Dejen de retroalimentar sus propias ideas, no se dejen llevar por las opiniones de quienes son parte interesada y se dedican exclusivamente a dorarles la píldora. Lean algo fuera de esa prensa especializada donde no hay Dios que se atreva a publicar una opinión fuera de los dogmas gremiales y dense cuenta de lo que hay ahí fuera. Y cuando tengan una idea clara de lo que puede venir, empiecen a moverse, a agruparse y a prepararse para competir como colectivo, porque en solitario, esos tiburones que tanto temen se los irán comiendo uno a uno.