Reuníos en corro
Allá donde vaguéis
Y admitid que las aguas
Han crecido a vuestro
alrededor
Y aceptad que pronto
Estaréis calados hasta
los huesos
Si vuestro tiempo es algo
Que vale la pena
conservar
Entonces mejor que
empecéis a nadar
U os hundiréis como una
piedra
Porque
los tiempos están cambiando
Estos versos que cantaba Bob Dylan
allá por 1964 parecen inspirados en el contexto actual de la oficina de
farmacia española. Los tiempos están cambiando, las aguas han crecido y pronto
estaréis calados hasta los huesos, a no ser que empecéis a nadar.
En España se ha reabierto el debate,
a cuenta de la filtración – interesada, diría yo – del Anteproyecto de Ley de
Servicios Profesionales, de si la propiedad de las farmacias debe estar
reservada únicamente a los licenciados en farmacia y si debe mantenerse el
sistema actual que ordena y restringe la apertura de nuevas oficinas de
farmacia.
Las redes sociales arden en airadas controversias
entre los que están a favor y en contra de semejante medida. Los actuales
propietarios de farmacias – llamémosles boticarios, por abreviar –se oponen a
la medida con gran fiereza, lo cual es comprensible. Hay que tener en cuenta
que para llegar a ser dueño de su farmacia, estos boticarios han tenido que
ejercer su profesión durante años hasta obtener la experiencia suficiente para
que la consejería de sanidad de su Comunidad Autónoma les adjudique la
correspondiente autorización administrativa, en función de un sistema de puntos
por méritos. Con la nueva Ley, cualquier inversor advenedizo, sin formación,
experiencia o puntos, podrá ser propietario de una farmacia. "Hasta un abogado ruso", como publica estos días un opinante profesional en la prensa especializada.
Sin embargo, este agravio no es más
que la guinda a un pastel de gigantescas proporciones. Lo importante de este
asunto es que la apertura de oficinas de farmacia lleva décadas regulada por un
sistema muy restrictivo y como en todo mercado donde la oferta está limitada,
los precios pagados por los traspasos de farmacias se han disparado. Es lógico,
hasta hace poco ser propietario de una farmacia suponía trabajar en un sector con
un número de competidores limitado y a una prudente distancia unos de otros,
con una demanda estable y creciente de medicamentos y los precios debidamente
regulados para preservar la independencia de los profesionales sanitarios (y de
paso, limitar la competencia en beneficio de laboratorios y boticarios). Así
que el mercado de traspasos de farmacias, animado y lubricado por
asesores-intermediarios, ha sufrido hasta hace bien poco lo que solemos llamar
un sobrecalentamiento o burbuja de precios. ¿De qué estamos hablando? Para
hacernos una idea, una farmacia española factura de media unos 600.000 Euros y
el precio pagado por esa farmacia hasta hace poco suponía multiplicar por 2 ó
2,5 sus ventas.
Tenemos entonces un boticario que ha
pagado pongamos 1.500.000 Euros por su farmacia, de los cuales como mínimo
1.000.000 Euros los ha obtenido de una entidad financiera, poniendo como
garantía el propio negocio y avalando con el resto con su patrimonio. Este
boticario ya lleva 3 años arrepintiéndose de haber pagado semejante cantidad,
ya que aunque la competencia sigue estando restringida, lo cierto es que la
demanda ya no crece sino que ha caído más de un 20% desde que en 2009 se
rompiera la tendencia, a causa de las políticas de reducción de gasto público
farmacéutico impulsadas por los gobiernos de PSOE y PP. Si además tiene la mala
fortuna de tener su farmacia en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana,
Murcia, Baleares, Canarias, etc. - la lista es tan larga que sería más cómodo
citar las excepciones – el boticario en cuestión lleva dos años sufriendo
retrasos en el cobro de las recetas, que ha tenido que aguantar con sus propios
ahorros y asumiendo el coste financiero.
En resumidas cuentas, este boticario
está ya bastante fastidiado porque si hoy intentara vender su farmacia, nadie
le pagaría más del 1,5 de sus ventas. Es decir, en el mejor de los casos
obtendría suficiente dinero para saldar la deuda bancaria y posiblemente ni
eso. En esto se parece sospechosamente a tantos compatriotas que invirtieron en
inmuebles, endeudándose por su valor pre-burbuja, y encontrándose hoy con una
deuda superior al valor de los activos. Lo mismo que tantos empresarios,
entidades financieras, etc. Historia Económica de España, años 2007 a 2013, nada más.
¡Qué injusticia!, claman los
boticarios contra la medida anunciada, y en cierta medida lo es. La manera de legislar el sector
farmacéutico en estos años de angustias soberanas, a golpe de Real Decreto-ley,
ha generado una inseguridad jurídica que es mala señal para cualquier inversor
y especialmente grave en un sector donde el componente sanitario debería
suponer un mayor cuidado de la Administración a la hora de dotarlo de
estabilidad.
Sin embargo, detrás de esta
reivindicación hay muchas realidades incómodas. Si el boticario quería
seguridad y estabilidad por encima de todo, podía haber luchado por un modelo
de remuneración fija, independiente de sus ventas, ligado exclusivamente a su
actividad sanitaria. Si quería seguridad y estabilidad, tendría que haber
renunciado al modelo actual, donde el boticario no deja de ser un Empresario
Individual, obligado a rentabilizar sus inversiones y con cierta libertad –
dentro del cumplimiento de obligaciones sanitarias – para desarrollar su
negocio. Nadie se quejaba en los años buenos donde, al calor del crecimiento
económico y de una vigorosa demanda de medicamentos, esos mismos boticarios
hicieron crecer sus negocios, en una metamorfosis lucrativa de boticas a
boutiques, generando importantes ingresos adicionales a la receta pública con
la venta de productos parafarmacéuticos, dietéticos cuando no puramente
estéticos, adosando a su farmacia una ortopedia, una óptica o, en casos
extremos, un centro de belleza.
Pero la condición de empresario, es lo
que tiene. De nada vale quejarse ahora de que el negocio no da, de que las
inversiones realizadas han perdido su valor por culpa de los cambios
legislativos. Esto es algo que le ocurre a todas las empresas que trabajan en
sectores regulados, que se exponen a cambios normativos con consecuencias no
siempre favorables a sus negocios. Precisamente por eso estos empresarios
suelen dotarse de potentes lobbys, para evitar que la Administración legisle en
su contra.
La eliminación de la reserva de
propiedad de la oficina de farmacia sería un golpe definitivo para una parte
importante del colectivo de titulares. Al eliminarse esta restricción, los
sistemas de adjudicación de licencias por méritos se caen por su propio peso
(ya no haría falta méritos, ni siquiera el título para ser dueño de la
licencia) y es lógico pensar que las normas autonómicas que regulan los
habitantes por farmacia y las distancias irían facilitando poco a poco la
posibilidad de abrir nuevas farmacias. De pronto, al eliminarse las restricciones
y abrir la propiedad a cualquier inversor, el valor de la licencia
administrativa pasaría a ser prácticamente nulo. Lo único que valdría – como
por otro lado pasa en la mayoría de los negocios – es la capacidad de esa
farmacia para generar flujos de caja positivos en este nuevo contexto de libre
competencia.
De llevarse a cabo la eliminación de
la reserva no solo se acabaría con el modelo actual de farmacia, sino que se
produciría la ruina personal de miles de boticarios. Solo se salvarían aquellos
que, habiendo comprado su farmacia hace muchos años, tengan el fondo de
comercio y sus deudas a largo plazo completamente amortizadas. Pero incluso
estos lo tendrían francamente difícil para sobrevivir en un mundo competitivo. Son muchos años viviendo en un entorno protegido y el boticario
medio no está acostumbrado a competir, y menos contra corporaciones
multinacionales.
Un factor crítico a la hora de
competir es el importe de la inversión a la que cada competidor debe dar de
comer. No hace falta ser economista para entender que si un inversor ha pagado
2 millones de Euros por su farmacia y otro entra al mercado pagando 0,5
millones, el primero tiene las cosas mucho más difíciles. Sólo por esto, los
actuales propietarios lo llevarían bastante crudo en un contexto liberalizado.
Pero es que, además, tendrían que competir con grupos cuya capacidad de
negociación frente a la industria farmacéutica sería comparativamente enorme, y
cuyo coste de operación sería sustancialmente menor.
Desde un punto de vista de
logística, una farmacia típica recibe al día entre 6 y 10 pedidos de al menos 2
mayoristas diferentes (cuando no de 3 ó 4), y trabaja unas 7.000 referencias de
producto. Su mayorista, que normalmente es una cooperativa propiedad de los
propios boticarios, atiende todas las exigencias de surtido y servicio de las boticas
y esto le obliga a servir 3 ó 4 veces al día, en un tiempo cortísimo (unas 2
horas y media) y trabajando unas 25.000 referencias en stock. Por el contrario,
un grupo de distribución integrado verticalmente – esto es, con almacenes y
farmacias dentro de su estructura – trabaja menos de la mitad de referencias y
envía 1 solo pedido al día, sin tantas exigencias de tiempo de entrega. Se
puede uno imaginar la diferencia de costes operativos que tienen una y otra
estructura, y como saldrían parados los boticarios si intentaran competir
manteniendo estos vicios adquiridos.
Es curioso que en sus comunicados de
prensa la propia patronal de distribución española (Fedifar) se vanaglorie de
tener uno de los mejores sistemas de Europa, precisamente por la proliferación
de almacenes, por la amplitud de surtido, por la frecuencia de pedidos y la
inmediatez en la entrega. Todo esto está muy bien pero, ¿es necesario? ¿Cuánto
cuesta? ¿Quién lo paga? Porque si tiramos del hilo, todas estas “comodidades”
que la farmacia española se ha podido permitir hasta ahora se financian todas
con el mismo recurso, que no es otro que el precio que la Administración paga
por las recetas. Esto, señores boticarios, no es eficiencia, sino todo lo contrario.
Todo este sistema, como digo, se
caería por efecto de la competencia si el Gobierno decide eliminar la reserva
de propiedad y las restricciones a la libre apertura.
Una
decisión en manos del Gobierno de España
No es un debate nuevo. La Comisión
Europea nunca ha visto con buenos ojos las restricciones a la libre competencia
en la farmacia -no así en otros
sectores, como el agrícola, donde el proteccionismo se acepta como algo natural
– y el combate no ha cesado desde que en
2006 Europa nos sacara la tarjeta amarilla del famoso Dictamen Motivado. Los
titulares brindaron prematuramente en 2009 por la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas sobre los modelos farmacéuticos italiano y
alemán, y sobre la planificación asturiana en 2010, dando por zanjado el
asunto.
Error craso: Aunque la sentencia de
19 de mayo de 2009 del Tribunal Europeo estaba llena de argumentos en defensa
de nuestro modelo de propiedad-titularidad, la conclusión fundamental del mismo
era que la decisión estaba en manos de cada Estado Miembro, que podía limitar
la libertad de establecimiento según su criterio si ello estaba justificado por
motivos sanitarios. El Tribunal acepta las restricciones pero también
aprobaría que no las hubiera, si el Gobierno Español así lo decidiera.
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), en su reciente manifiesto en defensa del
modelo de farmacia manifiesta que “El
modelo regulado de Farmacia ha sido refrendado de modo inequívoco por diversas
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de interés general y
salud pública”, lo cual es cierto pero omite una realidad jurídica crucial.
Es el Gobierno de España el que tiene la última palabra, y si éste elige
modificar el modelo mediante la nueva Ley de Servicios Profesionales, Europa no
va a poner pegas.
Tampoco parece que la postura del
PSOE y otros partidos de la oposición, que ahora se ponen de lado del
boticario, vaya hacer cambiar de parecer a un Gobierno que lleva poco más de un
año tomando medidas desagradables, todas ellas en contra de la opinión pública.
Salvo raras excepciones, lo natural es que la oposición se oponga a las medidas
del Gobierno, por lo que nadie debe ilusionarse demasiado con este repentino
brote de apoyos al modelo de farmacia. Por otro lado, el PP cuenta con una
mayoría absoluta que le va a permitir hacer lo que quiera con este asunto y
además no está solo en su postura puesto que UPyD, en este asunto, le acompaña en el Congreso.
También está quien se aferra a las
declaraciones de la Ministra de Sanidad, apoyando el modelo como si esto fuera
un asunto particular de De Guindos. No se lleven a engaño, la hoja de ruta del
Gobierno está marcada desde su toma de posesión por la evolución de la prima de
riesgo y el objetivo de evitar un rescate por parte de la UE. Hace tiempo que
perdimos como país la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, el mismo
día que aceptamos que ya nadie quería comprar nuestra deuda pública y que sin
el apoyo del Banco Central Europeo no había dinero para pagar nóminas de
funcionarios, facturas de proveedores, recetas de farmacéuticos… Esto no es,
como algunos pretenden en un análisis sensacionalista muy típico de este
sector, una revancha de De Guindos porque su abuelito era boticario y el siendo
economista no pudo heredar. Eso es una mamarrachada que no merece publicarse ni en el Qué Me Dices. Ni es un objetivo de
De Guindos ni de su ministerio. Este cambio forma parte de un paquete de medidas
previamente pactadas con la Unión Europea, orientadas a eliminar barreras
administrativas y a favorecer la libre prestación de servicios dentro del
mercado común, y lo de la propiedad de la farmacia es solo parte de un conjunto
de clara intención liberalizadora.
Al boticario español le falta visión
de conjunto, a veces parece que vive en otro universo. Nuestro modelo económico
no se sostiene, a causa de la deuda pública. El Gobierno está obligado a tocar
palos que en situación normal no tocaría, y el argumento de la salud, al no ser
aplastante, no puede contra la urgente necesidad de tomar medidas drásticas.
Además, olvídense de la Sra. Mato
porque si hay un partido en España que sea ideológicamente afín a la libre
competencia ese es el Partido Popular. ¿De dónde han resurgido estas tesis
liberalizadoras, sino del think tank
de FAES? Olvídense de Bruselas y de Luxemburgo y recuerden, de paso, que ese Partido
Popular es el partido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos de este
país.
Los
pecados de la farmacia española
En todo caso, los boticarios pueden
rasgarse ahora las vestiduras todo lo que quieran pero lo cierto es que esta
liberalización, si llega, será responsabilidad en gran parte de ellos mismos.
Si en lugar de oponerse sistemáticamente al cambio, de lamentarse de los
sucesivos varapalos legislativos sin hacer nada para remediarlos, hubieran
asumido que el modelo iba a terminar por ser insostenible y a diseñar uno
alternativo que diera suficiente cobertura al ciudadano pero permitiendo al
Estado un ahorro importante en la distribución del fármaco, otro gallo
cantaría.
En lugar de ello, el modelo se ha
ido degradando y han proliferado comportamientos que, de salir a la luz pública
bien explicados, sonrojarían a todo el colectivo. Al principio de esta
disertación he hablado sobre las transmisiones de la titularidad de las
farmacias, que se rigen, en teoría, por un sistema abierto a cualquier
comprador titulado con los méritos suficientes, adecuadamente publicitado y
donde las Consejerías de Sanidad y los Colegios Profesionales deben velar por
la limpieza del proceso. La realidad es muy distinta. El mercado de traspasos
está dinamizado por empresas de consultoría que se encargan de poner en
contacto a vendedores y compradores, de valorar las farmacias y de intermediar
en las operaciones. Estas empresas, que normalmente trabajan a comisión
sobrando un porcentaje del precio del traspaso, han jugado un papel importante
en la sobrevaloración de las farmacias, por motivos evidentes. En la práctica,
un boticario puede vender y de hecho vende su farmacia al mejor postor,
incumpliendo fácilmente el sistema teórico impuesto por la Administración, que
debería ir orientado precisamente a evitar esta especulación, al tratarse de un
asunto sanitario.
Si rascamos un poco más, podremos
comprobar que en el país proliferan las sagas familiares de boticarios. Esto es
así no solo por que las licencias administrativas se heredan (asunto
ciertamente cuestionable en pleno siglo XXI), sino porque es habitual realizar
operaciones con el siguiente esquema: El padre (o madre) boticario, con años de
experiencia y méritos de sobra, accede a una nueva botica y cede a sus hijos
(que carecen de méritos, por su escasa antigüedad) la que era de su propiedad.
Así, sin mucha complicación, la familia pasa a tener dos, tres, o las farmacias
que sean capaces de acumular entre padres e hijos. No hace falta más que ir al
listado de farmacias de cualquier colegio provincial para comprobar que esto es
así. Este sistema lógicamente perjudica injustificadamente al resto de
aspirantes, que con los mismos méritos que los hijos de boticario quedan
siempre detrás de los padres.
Hay quien puede pensar que solo por
acabar con estos restos de nepotismo medieval se justifica toda la reforma de
la Ley de Servicios Profesionales.
La
independencia y profesionalidad del farmacéutico
Según la Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles (FEFE), la patronal del sector para entendernos, “El Sistema español de Farmacia, basado en
propiedad – titularidad del farmacéutico, es un modelo que garantiza una
atención de calidad al paciente, por encima de otros intereses. Un farmacéutico
que sea propietario de su farmacia es independiente económicamente, lo que
garantiza el libre ejercicio de su profesión”. Estos argumentos están
extraídos literalmente de las sentencias del Tribunal Europeo y teóricamente
tiene lógica si no fuera por lo que sabemos de la farmacia española.
El principal argumento del binomio
titularidad propiedad es la independencia del farmacéutico que teóricamente es
mejor garante de independencia y de no poner lo económico por encima de la
salud. Hay incluso quien pretende afirmar que el farmacéutico no tiene ánimo de
lucro, aunque esta barbaridad es mejor no repetirla delante de De Guindos, no
sea que nos saque la declaración de Hacienda y nos tengamos que poner colorados.
Por otro lado, esta visión beatífica
del farmacéutico contrasta con la presunción de culpabilidad de cualquier otro
empresario, que no tiene ninguna base. Entre boticarios, estos días se habla de
las multinacionales, del “Gran Capital”, como si habláramos de la mafia siciliana,
como si por definición una empresa de gran tamaño o un inversor internacional
fuera esencialmente algo malo. Este pensamiento, que se mezcla además con
argumentos patrióticos, contrasta con la realidad moderna de un país como
España, imbricado en la UE y obligado a jugar las reglas de la globalización.
¿No sería mejor para nuestro país que en lugar de miles de pequeños empresarios
surgiera un Amancio Ortega de la farmacia, dispuesto a salir de España y montar
sus propias farmacias en todo el mundo?
El argumento sanitario tiene, de
hecho, muy poco peso ya que las multinacionales son mucho más fáciles de controlar.
Sabemos además que esa aclamada independencia del boticario no existe tampoco hoy
en día, porque el farmacéutico está obligado a dar de comer a los fondos que
han financiado esa inversión (propios y ajenos), como cualquier otro
empresario, grande o pequeño.
Utilizar la profesionalidad como
argumento es especialmente peligroso cuando existen hoy en día situaciones de
incumplimiento generalizadas, precisamente poniendo la economía por encima de
la salud. El ejemplo más claro de esto está en la venta de medicamentos
genéricos. El sistema de prescripción impuesto por el Ministerio de Sanidad es el de prescripción por principio activo, es decir, el médico elige la molécula
(omeprazol, paracetamol, fentanilo, atorvastatina) y el farmacéutico dispensa
el genérico, de la marca que él prefiera. La normativa sanitaria - Ley 29/2006
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios,
artículo 3.6. – establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de
descuento o incentivo a los farmacéuticos, para evitar que estos tengan la
tentación de elegir el medicamento en función de sus intereses económicos. Se
trata de preservar la independencia del farmacéutico, de que éste no tenga
tentaciones, de evitar que se ponga lo económico por encima de la salud del
paciente. ¿Cómo se explica entonces la guerra comercial que hay en el canal
farmacia entre fabricantes de genéricos, las hordas de comerciales dedicados a
promocionar las marcas de genéricos en la botica, los increíbles descuentos de
hasta el 50% que se le ofrecen al farmacéutico para que promueva una u otra
marca?
El Ministerio de Sanidad conoce
perfectamente de la existencia de estos descuentos, lo sabe Mato, lo sabe De
Guindos, lo saben todos los boticarios de este país y lo saben los grandes
fabricantes de genéricos, nacionales e internacionales, que operan en España.
¿Cómo se puede hablar de independencia del farmacéutico cuando éste está
condicionado de una manera tan flagrante y generalizada en sus decisiones de dispensación por
motivos puramente económicos?
Recordemos que los genéricos entre
sí son teóricamente bioequivalentes, por tanto para el paciente no debería
tener un efecto diferente tomar una marca u otra. En este sentido, el boticario
podría alegar que la salud no está en juego, pero aun así no podría negar que
está incumpliendo la normativa sanitaria vigente y que su profesionalidad
queda cuestionada. Por otro lado, si todos los medicamentos
genéricos son iguales, ¿por qué esos descuentos del 50% no se los hacen a la
administración, en lugar de al farmacéutico, y así nos beneficiamos todos los
ciudadanos? La respuesta a esto viene ya en forma de subastas, como las
promovidas por la Junta de Andalucía, muy discutidas por todos los agentes
del sector, incluyendo fabricantes, distribuidores y boticarios.
Este incumplimiento generalizado y
sistemático de las normas de independencia por motivos puramente económicos es
solo uno de los esqueletos que la botica española guarda en el armario. El
otro, del que vimos la puntita a raíz del caso Dorribo (aquel que tuvo cierta
trascendencia mediática por la presunta implicación del antiguo Ministro de
Fomento) es el de la exportación de medicamentos.
Otra de las salvaguardas del sistema
actual es que los boticarios solo pueden vender medicamentos a pacientes y la
mayoría de ellos con receta. Sin embargo, cada vez está más generalizada (y no
hay más que ver los expedientes de inspección de algunas consejerías) la
práctica de vender esos medicamentos a mayoristas especializados en
exportación, obteniendo unos márgenes adicionales que no solo van contra la ley
sino que pueden suponer un desabastecimiento de esos fármacos para el paciente.
Estos boticarios sin escrúpulos, no solo nos hacen cuestionarnos la capacidad
del modelo actual para garantizar esa profesionalidad e independencia, sino que
son un peligro para la salud. Sin embargo, ¿a cuántos de ellos se les ha
retirado la licencia? ¿Hay alguno en la cárcel? Insisto, una multinacional no
se va a jugar tan fácilmente su prestigio y si se dedica al sector salud, va a
tener unos protocolos de vigilancia muy superiores a los que pueda garantizar
el sistema actual. Sin duda, un modelo liberalizado no garantiza un control
sanitario completo, pero no hay tampoco forma de demostrar que los
incumplimientos serían peores que los actuales, y mi sospecha es que
funcionaría mejor.
Un tercer asunto peliagudo es el de
las residencias de ancianos. Los medicamentos que consumen los ancianos que
viven en residencias solo los puede suministrar, en el modelo actual, un farmacéutico.
En algunas zonas más ordenadas, a través del colegio de farmacéuticos se
establece un sistema rotativo y equitativo, para que las farmacias se turnen en
el abastecimiento a residencias de manera que los beneficios de esas ventas se
repartan sin que haya luchas intestinas o competencia entre boticarios (pactos
que por otro lado deberían de estar siempre en el punto de mira de la Comisión
Nacional de la Competencia). En otras zonas no tan organizadas, el mercadeo
entre farmacias y residencias, lubricado y dinamizado por los consultores de
turno (que no podían faltar a la fiesta), es flagrante. Las farmacias se pelean
entre sí para quedarse con el suministro a la residencia, dando descuentos,
productos sanitarios gratis y otras dádivas para fidelizar a sus clientes.
Esto, además de estar terminantemente prohibido por la normativa sanitaria, es
una muestra más de que el sistema actual tiene poco que alardear en cuestión de
independencia, profesionalidad y ética sanitaria.
Solo con estos tres asuntos cabría
cuestionarse mucho si el sistema actual realmente sería mejor que un escenario
liberalizado. Pero hay otro tema espinoso a la vez que irónico. El argumento
que esgrimen el CGCOF y la FEFE para defender el modelo, haciendo referencia a la
profesionalidad del titular y a su independencia, se cae de maduro cuando
comprobamos el altísimo porcentaje de boticarios que no pisan la farmacia más
de dos horas al día. Estos mismo boticarios que critican al inversor
capitalista han actuado muchos de ellos como capitalistas puros, dejando el
ejercicio de la profesión en manos de un farmacéutico adjunto, un asalariado,
mientras ellos se dedicaban a otros menesteres. Esta incómoda realidad, este
pecado, les quita a estos boticarios el peso moral suficiente para defender el
modelo actual.
Farmacéuticos
patrióticos
Otro argumento que se utiliza estos
días para defender el modelo es que hoy en día la farmacia es un sector 100%
nacional y no deslocalizable. Cualquiera que no pertenezca a este mundo
contestaría a primera vista que por definición una distribución minorista no es
deslocalizable. Se puede deslocalizar la producción o incluso, dentro de unos
límites, la distribución mayorista, pero el tramo minorista, por definición no
es deslocalizable. Puede que los dueños no sean españoles, pero las farmacias
siempre estarán en España, crearán puestos de trabajo en España y tributarán –
en gran parte – en España. Precisamente porque no es deslocalizable, abrir el
capital a otros inversores (nacionales o extranjeros) no sería potencialmente
tan dañino.
Se argumenta, en este mismo sentido
que el modelo actual genera 79.000 empleos. ¿Acaso un modelo más abierto no
generaría estos o algunos más? En el fondo, se trata de redistribuir riqueza.
Hoy en día un porcentaje del valor añadido se queda en manos de los 21.000
titulares de oficina de farmacia, y otro no tan alto en manos de los 79.000
empleados. En otro modelo la distribución de este valor añadido – que se
origina, no lo olvidemos de un gasto público y por tanto de nuestros impuestos
– sería diferente, pero no necesariamente más injusta.
Por otro lado, se argumenta que el
modelo actual garantiza al ciudadano la
prestación farmacéutica, aún en momentos adversos, refiriéndose a las
situaciones recientes de demoras en el
pago en algunas Comunidades Autónomas. ¿Acaso las multinacionales no
aguantarían igual o mejor este tipo de situaciones? Ahí están las
multinacionales de la industria farmacéuticas aguantando plazos de pago de 2
años de los hospitales públicos, sin rechistar, cosa que los boticarios ni
podrían soportar financieramente ni, a juzgar por los comportamientos
huelguistas y revolucionarios demostrados en los últimos tiempos (Comunidad Valenciana, sin ir más lejos), están
dispuestos a asumir.
Se dice que el modelo actual
posibilita a las Administraciones Sanitarias la implantación de programas para
la mejora de la calidad de la asistencia farmacéutica, como la receta
electrónica, la atención a pacientes crónicos y polimedicados, la atención
sociosanitaria, etc… Con todos mis
respetos, si en lugar de 21.000 titulares independientes, con cuarenta y pico
colegios profesionales detrás, hubiera 3 multinacionales con sendas cadenas de
farmacias, la receta electrónica y todo lo demás estaría implantado ya en toda
España, y de manera homogénea. Señores de FEFE, este tipo de argumentos boomerang es casi mejor
no sacarlos a la palestra.
De todas formas, tampoco se entiende
que haya quien defienda un proteccionismo para el capital farmacéutico,
manteniéndolo en manos españolas y profesionales, y luego pretenda poder
invertir su dinero en cualquier sector, en cualquier país. Si queremos
globalización, si queremos libre mercado, tendrá que ser para todo, ¿o no?
¿Acaso los boticarios españoles no tienen sus ahorros invertidos donde les da
la gana? Incluso en parte, sin saberlo (o sabiéndolo), es posible que sea
propietario, directamente o a través de su fondo de inversión o de pensiones,
de una multinacional – válgame Dios – farmacéutica, o incluso de una cadena de
farmacias que opere fuera de España (una auténtica herejía). Insisto, a
cualquiera que no conozca de cerca el mundillo farmacéutico español, su
aislamiento de la realidad económica y su visión hipermétrope y sesgada de la
realidad, este tipo de razonamientos como mucho le harán gracia. ¿Capital
extranjero? Precisamente, lo que trata la UE es evitar que existan sectores
protegidos de la libre circulación de capitales.
Es gracioso que la propia FEFE hable incluso de una “cartelización” del sector si se liberaliza la propiedad, dando
por hecho que la cosa quedará entre 2 ó 3 grandes multinacionales que se
repartirán a su antojo el mercado. Esto – además de un feo desprecio a las
capacidades de la Comisión Nacional de la Competencia para evitar semejante
escenario – si se hiciera, como ha ocurrido en otros sectores como telefonía o
energía, partiendo de monopolios nacionales, podría ser cuestionable. Pero si
se liberaliza partiendo de cero y la concentración del mercado se produce por
efecto de la competencia, no hay nada que objetar. En todo caso, esta situación
no es prudente denominarla como un cártel, en sentido peyorativo, sobre todo
cuando el sistema actual es tan flagrantemente restrictivo de la competencia.
No sea que alguien nos insinúe que el actual modelo farmacéutico español es un gran
cártel auspiciado por el Estado.
La
capilaridad y la farmacia rural
En defensa del modelo, se
insiste también desde los foros oficiales en que ningún sistema liberalizado
garantizaría la capilaridad del sistema actual. En la punta de lanza de este
argumento se coloca a la farmacia rural, condenada a desaparecer si el sistema
se liberaliza.
¿Saben lo que ocurriría si el
sistema se liberaliza? Muy sencillo, que solo subsistirían farmacias en
aquellas zonas donde hubiera demanda suficiente. En aquellos municipios donde
no hubiera posibilidad de ganar dinero montando una farmacia, no se abriría
ninguna. ¿Saben otra cosa? Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy. Si
alguien me encuentra un boticario rural que esté operando en plan ONG contra su
propio patrimonio, que me lo diga.
Se argumenta que las grandes cadenas
solo montarían farmacias en los núcleos de población medianamente grandes, y
que el negocio de las rurales se resentiría porque los habitantes de los
pueblos comprarían fuera del pueblo. ¿Dónde está el problema? Si los del pueblo
quieren comprar fuera, que compren fuera. El problema, en realidad, solo lo es
para los propios boticarios rurales y para algunos pobres ancianos con
dificultades para desplazarse. Pero no nos engañemos, por un 3% de la población
que vive en municipios de menos de 1000 habitantes no se justifica mantener un
modelo que podría traer mejoras para el restante 97%. ¿O el Gobierno no debe de
tomar decisiones por el interés general?
La farmacia rural, desgraciadamente,
aunque algunos quieran situarla en la base del modelo no deja de ser una excusa
o parapeto para proteger intereses mucho menos solidarios. ¿Hay que
subvencionar a la farmacia rural? Pues depende de los recursos que tenga el
Estado, de si eso realmente es imprescindible para garantizar la calidad de
vida en el medio rural y de si hay una proporcionalidad entre el coste de las
subvenciones y los beneficios de mantener farmacias en esos núcleos rurales.
Insisto, al 97% restante de los ciudadanos nos tendrían que explicar muy bien
porque se justifica la solidaridad (con nuestros impuestos) en estos casos y no
en otros.
Mejoras
para el ciudadano
Curiosamente, se da por hecho que la
liberalización rompería la actual capilaridad, cuando la libre apertura en
principio supondría una mayor capilaridad. Otra cosa es que, con el tiempo, la
demanda y la capacidad de los diferentes agentes para satisfacerla, dé lugar a
un modelo con más o menos farmacias. Pero, en todo caso, ese número de
farmacias será el que los propios ciudadanos, pacientes y consumidores, hayan
definido con sus hábitos de consumo.
Es que en mi barrio quitaron la
farmacia, dirán algunos, echando la culpa a la liberalización. No señor, la
culpa de que cerraran la farmacia no es de la liberalización, sino de los
vecinos del barrio que preferían ir a la farmacia del centro comercial porque
tenía mejor oferta. ¿O es que el Estado debe mantener un sistema de ordenación
artificial para preservar farmacias deficitarias y que todos los barrios tengan la suya?
Es que las personas mayores no se
pueden desplazar. Vamos a ver, si las personas mayores no se pueden desplazar
da igual donde esté la farmacia porque ya hoy en día está yendo un familiar a
por las medicinas. Además, si éste es el problema el Gobierno debería legislar
para permitir la entrega a domicilio de medicamentos, algo que por otra parte
redundaría en mejoras para todo el sistema (eso sí, en detrimento una vez más
del status quo actual del boticario).
Por otra parte, si hablamos de pacientes ambulatorios (de los que sí se pueden
desplazar), estos teóricamente se ceñirían a comprar en la farmacia más cercana,
la de su barrio. Entonces, ¿dónde está el problema? Volvemos a lo mismo, en un
sistema liberalizado habrá farmacias donde los pacientes, con su demanda,
quieran que haya. No hay sistema más justo.
Se discute también el cambio de
modelo argumentando que el precio de las medicinas no bajaría porque está
regulado. Esto es lo que se llama falsear la realidad interesadamente, puesto que los precios de los
medicamentos los define el Gobierno y lo lógico es que, después de liberalizar,
toque los márgenes de distribución y farmacia a la baja y siga actuando sobre
precios de medicamentos como hasta ahora. Una cosa no quita la otra, y en un
contexto de mercado dominado por grandes empresas, con economías de escala y
una logística más eficiente que la actual, el gobierno podría apretar más los
márgenes sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
También se dice que un modelo con un
mayor número de farmacias es más caro para el Estado, ya que la normativa
actual (Real Decreto-ley 823/2008) establece una deducción para las farmacias
según su volumen de facturación de recetas. Esta afirmación da por hecho que se
abrirían muchas más farmacias por habitante (como ha sido el caso en Navarra),
lo cual va en contra de otro argumento en defensa del modelo que es la
capilaridad. ¿En qué quedamos, habrá más farmacias o menos? De todas formas da
igual porque si el número de farmacias crece y su facturación media disminuye,
el Gobierno no tiene más que derogar esa parte del RDL 823/2008 y problema
solucionado.
En
Europa no hay liberalización
Es cierto que en Alemania, Francia e
Italia la propiedad de la farmacia no está plenamente liberalizada. En este
sentido, parece floja la coartada europea que el Ministerio de Economía maneja para justificar esta medida. En Alemania, por ejemplo, donde la distribución
mayorista está desde hace años mayoritariamente en manos de inversores privados
(tiburones, como los llamarían aquí los boticarios), uno de los mayores
distribuidores del país intentó montar su propia cadena de farmacias y se ha metido una torta de pantalón largo,
precisamente por estar aquel mercado más regulado de lo que les gustaría.
Sin embargo, hay una gran diferencia
entre los modelos alemán, italiano o francés, y el modelo español, y es que a
ellos sí les cuadran – de momento – las cuentas públicas, y a nosotros no. Esto
es lo que el boticario español tiene que entender cuando se defiende diciendo
que en Europa no hay liberalización.
Por otro lado, en los Países
Miembros como el Reino Unido donde si hay liberalización, hay una cadena de
farmacias muy implantada, cuya marca principal es Boots. Esta cadena pertenece
desde hace unos meses al gigante americano Walgreens, multinacional cotizada en
bolsa, cuya filial española, Alliance Healthcare España, es el segundo mayor
distribuidor de nuestro país, con una cuota de mercado de casi el 12%. ¿Es
posible que los propios boticarios españoles se levanten en armas contra la
liberalización y al mismo tiempo contribuyan a sostener el negocio español de
quien, en unos meses, estará haciéndoles la competencia? Pues sí, es posible. Bienvenidos al incoherente mundo de la botica española.
Insisto, este sector es como El
Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Se escuchan cosas tremendas, se habla
de grandes capitales y pequeños capitales, como si unos fueran mejor que otros,
como si los grandes capitales no fueran sino una suma de pequeños capitales,
estructurados en torno a fondos de inversión, o de pensiones. Se sataniza el
capital, como si viviéramos en la Oceanía de Orwell, en 1984, y al mismo tiempo
esos boticarios ejercen de capitalistas con sus ahorros, como cualquier otro
ahorrador, en la medida de sus posibilidades que en ocasiones son bastante
cuantiosas.
Conclusiones
Pese a todo lo dicho a favor de
eliminar las actuales reservas de propiedad y restricciones a la libre apertura
de farmacias, pienso que las reglas del juego no se pueden cambiar de un día
para otro. La inseguridad jurídica es mala per se, y el Gobierno no puede
justificar la ruina personal de quienes invirtieron pensando en el modelo anterior.
Surge, a mi modo de ver, la necesidad de un periodo transitorio y de llevar a
cabo el cambio de forma gradual. Y no se puede pretender que los farmacéuticos
titulares, los colegios y la patronal, apoyen la medida porque es la ruina para
ellos. No queda más remedio que hacer la reforma con la oposición del colectivo.
En el fondo estamos ante un debate
ideológico. O se está a favor de la competencia o no. Argumentos para restringirla
siempre va a haber. Ahí está la agricultura, los sectores estratégicos, etc.
Pero en un país donde se están privatizando infraestructuras, transportes, hospitales,
que pertenece a la UE y que depende hoy en día del apoyo del BCE para
refinanciar su deuda, debe elegir muy bien qué líneas rojas marca y qué
aspectos debe sacrificar.
Un último apunte. Aunque en Twitter
se dicen muchas chorradas, el otro día leí algunos comentarios que muestran hasta qué punto
algunos boticarios viven en otro mundo. Parece que hay unos cuantos que piensan
que la propiedad les pertenece en exclusiva por haber estudiado la carrera
universitaria de farmacia. ¿Y los demás, que hemos estudiado otras carreras, los abogados, arquitectos, médicos, enfermeros, economistas, biólogos, periodistas, a
qué tenemos derecho?
Señores boticarios, un consejo y ya termino. Dejen de retroalimentar sus propias ideas, no se dejen llevar por las opiniones de quienes son parte interesada y se dedican exclusivamente a dorarles la píldora. Lean algo fuera de esa prensa especializada donde no hay Dios que se atreva a publicar una opinión fuera de los dogmas gremiales y dense cuenta de lo que hay ahí fuera. Y cuando tengan una idea clara de lo que puede venir, empiecen a moverse, a agruparse y a prepararse para competir como colectivo, porque en solitario, esos tiburones que tanto temen se los irán comiendo uno a uno.