La farmacia española y su distribución. Historia de un despropósito.

A petición de algunos de mis followers de Twitter, voy a escribir hoy sobre la distribución mayorista de medicamentos en España. ¿Qué tiene que ver esto con la Ley de Servicios Profesionales, la eliminación de la reserva de propiedad o la libre apertura de oficinas de farmacia, se preguntarán ustedes? Pues tiene mucho que ver, como a continuación van a comprobar. Les animo a que dediquen diez minutos a leer el post, y luego me cuenten si les ha parecido pertinente la exposición.

Esta historia empieza a principios del siglo pasado. Al industrializarse los procesos de fabricación del medicamento, los boticarios se agrupan en sociedades – muchas, aunque no todas, cooperativas de servicios – para enfrentarse al poder de negociación de los drogueros (el equivalente arcaico de los actuales laboratorios). En aquellos tiempos se libró una dura batalla por el monopolio de dispensación, que finalmente ganaron los farmacéuticos, pero los drogueros seguían teniendo el producto y abusaban de su relativa posición de poder frente al boticario aislado. Racionaban el suministro de medicamentos a su gusto, manipulando la oferta según sus intereses e imponiendo unas condiciones onerosas a los boticarios más débiles.

La cosa funcionó durante décadas, con sus más y sus menos, y se fue creando un tejido de cooperativas (me permito simplificar, ya que ésta es la forma societaria más generalizada en el sector), cada vez más asentado.

Hasta aquí, todo bien. De hecho, recomendaría a muchos de los actuales boticarios, en especial a los de más reciente implantación, que pregunten a sus mayores, que revisen la historia, para qué se crearon las distribuidoras de capital farmacéutico y porqué es importante para ellos mantenerlas sanas y fuertes.

Las inevitables consecuencias de la libre competencia

Con el paso de los años, esta cohesión primigenia en torno a las cooperativas se va degradando poco a poco por diferentes motivos. El principal es consecuencia directa de una realidad: El mercado de distribución mayorista de medicamentos es un mercado abierto a la libre competencia. Cualquiera de ustedes, sea o no farmacéutico, puede abrir un almacén mayorista de medicamentos. Para ello, necesitará como es obvio la pertinente autorización sanitaria, cumplir unos requisitos mínimos de control y poner al frente de la dirección técnica a un licenciado en farmacia.

Claro que, en los inicios, competir en el mercado mayorista era muy difícil para aquellos que no eran farmacéuticos. Los boticarios de antaño cerraban filas en torno a su cooperativa y no compraban a nadie más, un comportamiento lógico y lícito. Esta situación, producto directo de la reserva de propiedad de la oficina de farmacia, planteaba a otros posibles competidores unas barreras de entrada prácticamente infranqueables.

Pero las cooperativas fueron creciendo, cada vez tenían más socios y en un colectivo cada vez mayor y más disperso la cohesión interna se fue debilitando. Por otro lado, al alcanzar cierto tamaño, se hizo necesario profesionalizar la gestión y empezar a funcionar con parámetros cada vez menos farmacéuticos y más económicos. Ahí empezaron los problemas. De pronto, en una misma provincia o zona geográfica, donde antes había una sola cooperativa, surgía un grupo disidente, por motivos económicos, políticos y en ocasiones personales, y creaba una segunda distribuidora. La competencia empezaba a brotar, generando bandos y guerras intestinas, algunas de las cuales han durado hasta nuestros días.

Al mismo tiempo, los gestores de algunas cooperativas empezaron a tomar decisiones naturales desde el punto de vista de gestión. Ya que tenían una inversión hecha para abastecer su mercado – un inmueble, una plantilla con sus gastos de personal - ¿porqué no rentabilizar esa estructura ampliando su mercado? Y así empezó la expansión geográfica, desde las provincias más potentes hacia aquellas con menos farmacias y menos poder económico: Madrid, Sevilla, Barcelona, Vizcaya, Murcia (a alguno le extrañará que incluya Murcia en la lista, pero es que allí es donde nace Hefame, tercero en el ranking actual de mayoristas, al que no puedo hacer de menos).

De pronto, el orden establecido había cambiado. Un boticario, al abrir su farmacia, ya no tenía una sola opción – la cooperativa de su provincia, la de toda la vida – sino varias entre las que elegir. Añadamos otro matiz importante, que el margen de distribución sólo estaba regulado en topes máximos (hoy el 7,6%, antaño bastante más), pero existía y existe la posibilidad de realizar descuentos a las farmacias. Proliferación de competidores, en un mercado de precio libre y además de difícil diferenciación (el servicio logístico es fácilmente copiable). Resultado, una bomba desde el punto de vista de competencia (pregúntenle sino a mi querido colega, el profesor Porter).

Algunos boticarios resistieron a la tentación, y hoy en día aún subsisten, fieles a la cooperativa de toda la vida, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de otros distribuidores. Pero la mayoría abrió sus puertas a la competencia, escogiendo en cada momento al distribuidor con mejor servicio y mejor precio, sin tener en cuenta otros aspectos. Esta nueva estirpe de boticario, mayoritaria hoy en día en nuestro país, había perdido casi por completo la identificación con su distribuidor y a cambio, disfrutaba ahora los beneficios de la competencia. Porque lo que es indudable es que esta competencia ha tenido importantísimos beneficios para la botica. Los márgenes reales (no confundir con los topes legales) de la distribución bajaron en picado, en beneficio del boticario, y el servicio logístico se fue ampliando, cada vez con más surtido, acortando plazos de entrega, multiplicando la frecuencia de pedidos hasta llegar a 5 ó 6 al día (del mismo almacén) en algunas zonas.

Al perderse esta cohesión entre boticario y distribución, la industria farmacéutica – los fabricantes, para entendernos – aprovechó su oportunidad. En aquel momento, no existía la penetración del genérico que hoy tenemos en España, y los dueños de las patentes de los medicamentos de prescripción eran amos y señores del suministro. Una vez investigado y patentado el medicamento, solo ellos podían vender el producto siempre que respetaran el principio de tener abastecida a la población. Apoyándose en esta nueva situación de competencia, con los boticarios dispersos y comprando a distintos distribuidores, empezaron a jugar con la oferta, suministrando selectivamente – con una intensidad suficientemente baja como para que nadie pudiera sancionarles por ello, claro está – a los mayoristas. Esta estrategia, la de regular la oferta para apalancar su poder de negociación, es muy lógica por parte de la industria, aunque las autoridades sanitarias deberían vigilar más y establecer unos límites. En todo caso, al regular el suministro a mayoristas, de pronto el boticario se encontraba con que su mayorista de toda la vida no tenía producto (las famosas y temidas “faltas”). Después de quejarse durante un tiempo, al final hasta los más afines a su cooperativa se veían obligados a ponerle los cuernos con otro distribuidor, para cubrirse las espaldas y no quedarse sin producto.

Y atentos porque aquí viene la siguiente derivada. Las grandes multinacionales del sector, ante la creciente complejidad del asunto, decidieron establecer unos sistemas de cálculo de las cantidades máximas a suministrar a cada mayorista. Esta especie de cartillas de racionamiento se denominan “cupos” en el sector y para calcularlos se tiene en cuenta la cuota de mercado de cada mayorista. Por supuesto, cualquier representante de la industria le negará la existencia de los mismos, pero yo les aseguro que existen. Pero, ¿realmente existía o existe una escasez de medicamentos que justifique este racionamiento? En algunos casos aislados, sí, por motivos productivos o de materias primas. Pero en la mayoría de los casos la única justificación es que mantener una oferta artificialmente baja y racionada aumenta mucho el poder de negociación de los fabricantes. Más adelante, les cuento lo de la exportación y como, entonces sí, los fabricantes encontraron una justificación más sólida para los cupos.

De momento quedémonos con el detalle: Los cupos se calculan en función de la cuota de mercado. Como consecuencia de esto, la expansión geográfica de las cooperativas ya no solo era una cuestión de rentabilizar sus estructuras, sino de ampliar su mercado para tener más disponibilidad de producto, para a su vez vender más que sus competidores y así en una lucha continua por el mercado y por el cupo.

Ya solo falta un protagonista para poder sacar la foto actual de la distribución española. En 1998, la Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa (la Safa como todavía la llaman algunos) se vende a la multinacional Alliance-Unichem, hoy en día Alliance Healthcare, controlada a su vez por el gigante americano Walgreens. De pronto, aparece un cuerpo extraño en el sector, un distribuidor que no es de capital farmacéutico, sino que pertenece a un inversor extranjero con intereses en el tramo minorista de la distribución. Sin embargo, ese distribuidor ofrece un buen servicio logístico, un buen precio, y está gestionado por buenos profesionales que saben mantener una apariencia inofensiva, de forma que muchos boticarios siguen comprando a pesar del cambio de propiedad. La costumbre del boticario de hacer competir a sus propios distribuidores le lleva hasta el extremo de aceptar y mantener un competidor de capital no farmacéutico, en detrimento de sus intereses a largo plazo.

La exportación de medicamentos de marca por parte de la distribución

La competencia es muy buena – mejora el servicio, promueve la innovación tecnológica en el sector y reduce los precios – pero también es muy dura. Empeñadas en coger cuota de mercado, las cooperativas se enzarzan en una guerra durísima de precios y servicios, que acaba reflejándose en sus cuentas de resultados. Cabe mencionar como apunte al margen que esta guerra de precios supone un incumplimiento claro de sus normas de comportamiento interno, ya que muchas veces se ofrecen mejores condiciones a los socios de la cooperativa en las zonas donde ésta se está expandiendo que en aquellas donde nació. Pero ese es un asunto que los propios socios deberían resolver, si pueden.

Entonces, agobiados por la necesidad de seguir creciendo y metidos en esa lucha sin cuartel que les impedía racionalizar su política de precios o su estructura de gastos (al querer mantener una altísima, para mi excesiva, frecuencia de pedidos), los gestores de las cooperativas deciden meterse en el mundo de la exportación. El caldo primordial existía desde hace años: Un Mercado Común Europeo, con libre circulación de mercancías, combinado con un sistema de precios regulados del medicamento diferente para cada país de la Unión. Solo faltaba la chispa, que era la cada vez más delicada situación de las cooperativas, generada como consecuencia de la competencia. Sobre este asunto de la situación económica no diré nombres para evitar una inoportuna demanda judicial, sólo les animo a que pidan y analicen los balances y cuentas de resultados de las cooperativas.

La situación era esta. El mayorista compra al fabricante a un precio regulado que marca el Ministerio de Sanidad. Su primera opción, la natural, es venderlo a un boticario en España con un margen máximo de 7,6%, que en realidad es mucho menor por los efectos ya comentados. De pronto, se le ocurre una segunda opción, venderlo en un país de la UE, pongamos Alemania o el Reino Unido, donde el margen que puede obtener es de un 50%, ya que el precio regulado del medicamento es muy superior por esos lares.

La tentación era demasiado grande y empezaron a proliferar las operaciones de exportación, la mayor parte de las veces intermediadas por un mayorista interpuesto y ubicado en territorio español, de modo que las cooperativas no quedaran en evidencia. A finales de los años noventa el volumen de exportación fue creciendo hasta alcanzar su cenit en torno al año 2007. El asunto se había desmadrado, en parte por la ambición de los gestores de las cooperativas, en parte por la colaboración interesada de algunos directivos de los propios laboratorios, que facilitaban producto para exportar.

Esta situación reventó por dos cuestiones. La primera, que a las cooperativas a veces se les iba la mano y exportaban tanto que dejaban a sus propios boticarios con un suministro insuficiente, creando un problema sanitario. Era mucho más rentable sacar el 50% de margen y arriesgarse a tener, de vez en cuando una bronca con un boticario o un apercibimiento de la consejería de sanidad.

La segunda, que de pronto en los headquarters de las multinacionales farmacéuticas alguien empezó a hacer números. Algo extraño estaba pasando porque las ventas en el mercado español subían a unos ritmos tremendos y sin embargo las de Alemania, Reino Unido y otros países no paraban de bajar. O la política sanitaria española era muy mala y cada vez había más enfermos, o allí pasaba algo raro. Y se descubrió el pastel, en el que como digo estaban implicados además de los gestores de las cooperativas, unos pocos directivos de las propias multinacionales, cuyos bonus estaban referenciados a las ventas en España, que lógicamente iban como un tiro.

La reacción de los grandes laboratorios no se hizo esperar. Estos establecieron un sistema disuasorio denominado “de precio libre”, muy cuestionado y pendiente hoy en día de ser juzgado por los tribunales de la competencia, pero que sigue en vigor. El sistema consiste en facturar a los mayoristas españoles no al precio legal del Ministerio, sino a un precio “Europeo” muy superior. La diferencia entre ambos precios solo se le abona al mayorista cuando demuestre que ha vendido esos medicamentos a una farmacia domiciliada en España. Si no lo demuestra, no se le abona la diferencia y eso hace que no le compense exportar.

Al mismo tiempo que se pusieron en marcha estos nuevos contratos, los fabricantes dieron un par de vueltas de tuerca al sistema de cupos, limitando aun más la oferta y tratando de ajustarla a la demanda real de los pacientes en España, para evitar que sobrara producto para exportación. La regulación de la oferta, que tanto les beneficia, había encontrado la justificación perfecta.

La exportación a través de farmacias

Esta situación de cierto control de las exportaciones duró aproximadamente tres años, el tiempo necesario para que la fecunda imaginación de algunos gestores y boticarios diera lugar a un nuevo ardid. El ADN de nuestros antepasados fenicios ha perdurado en muchos de nuestros conciudadanos, eso es innegable.

De pronto, a alguien se le ocurrió la siguiente idea: Si los mayoristas están controlados y solo pueden vender a farmacias en España, ¿por qué no exportamos a través de esas farmacias, que no están controladas por el laboratorio? El sistema es fácil de explicar. El laboratorio vende al mayorista (y le controla), el mayorista vende a la farmacia, la farmacia se lo vende a otro mayorista diferente y éste último lo exporta.

La principal diferencia entre este sistema y el que utilizaban los mayoristas es esta: Mientras que los mayoristas no incumplieron ninguna ley al exportar, las farmacias tienen terminantemente prohibido por ley la venta de medicamentos a nadie que no sea un paciente. Y no hablo solo de medicamentos con receta, la prohibición es para todos los medicamentos. Para que luego no me discutan las leyes, voy a copiarles lo que dice la Ley 29/2006 (norma suprema del medicamento y la farmacia), calificando en su artículo 101 como infracción muy grave la siguiente:

“Realizar, por parte de una oficina de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a oficinas de farmacia, almacenes mayoristas, o bien envíos de medicamentos fuera del territorio nacional”.

La incidencia de estas exportaciones no es ni mucho menos tan generalizada como lo fue en la distribución. La mayoría de los boticarios no han caído en esta tentación, aunque a muchos se lo han ofrecido (los almacenes piratas dedicados a la compra de medicamentos a farmacias tienen sus propias redes comerciales y hasta circula por la red un manual para que los boticarios aprendan a enmascarar estas operaciones), pero los pocos que sí han decidido mancharse las manos han exportado lo suficiente como para que la industria multinacional vuelva a poner el punto de mira en España. Como reacción a este fenómeno, ahora exigen a los mayoristas que les den explicaciones cada vez que una farmacia pide una cantidad un poco anómala o sospechosa de algún medicamento. Aún así, es posible engañar a estos sistemas de control pidiendo cantidades pequeñas y salteadas de diferentes productos, y la exportación se sigue produciendo.

Prueba de ello es el caso Dorribo, que tanta repercusión tuvo en los medios por la presunta implicación del entonces Ministro de Fomento. La opinión pública se centró entonces en los detalles escabrosos de gasolineras, sobres y en el morbo por la supuesta participación del Sr. Blanco en el asunto. Pero no se habló mucho de la red de farmacias que tenía montada el Sr. Dorribo, información que aparecía en el sumario, a través de las cuales exportaba como si no hubiera un mañana.

Sobre la participación, tácita o explícita, de algunas cooperativas en estas redes de exportación, no hay más que rumores, por lo que no me atrevo a asegurar que existe. Pero dados los antecedentes, el asunto me genera ciertas sospechas.

Este problema está todavía pendiente de solucionar. La industria multinacional no ha encontrado la manera de ponerle coto, la inspección de sanidad de las Comunidades Autónomas no da abasto y el endurecimiento de las sanciones no ha amedrentado lo suficiente a estos boticarios desalmados, que con su comportamiento hacen un daño tremendo a la reputación del colectivo. Como digo, quizás no sean muchos, pero las cantidades de medicamentos que se siguen exportando, son importantes.

El mercado paralelo

En este sector es bien conocida la existencia de un mercado paralelo al tradicional esquema fabricante-cooperativa-farmacia. Hay una parte de ese mercado a la que no se le puede reprochar nada desde el punto de vista legal. Me refiero a todo el mundo de la parafarmacia. Me hace mucha gracia como se enfurecen algunos boticarios cuando ven en la balda del supermercado o la perfumería de turno un producto de una marca que, teóricamente, el laboratorios les ha vendido como exclusiva de farmacia. Algunos se quejan amargamente al representante del laboratorio, amenazando y ejecutando boicots, como si las multinacionales que están detrás de la fabricación y comercialización de estos productos les importara un comino el enfado de un pequeño farmacéutico español.

Ese producto, en ocasiones, ha llegado allí directamente del fabricante, al que por estrategia comercial le ha interesado comercializar su producto simultáneamente a través del canal Gran Consumo y del farmacéutico. Lo cierto es que esto no es habitual, porque el posicionamiento del producto se suele ajustar mejor a uno u otro canal. Por eso, en muchas ocasiones, el producto no ha llegado al supermercado a través del fabricante sino del mercado paralelo.

El mercado paralelo lo operan mayoristas (normalmente no farmacéuticos) que se abastecen de las propias farmacias y luego lo revenden a perfumerías y supermercados. Las farmacias, en el caso de los productos de parafarmacia, tienen libertad para vender a mayoristas (si bien pierden la condición de minorista, a efectos fiscales) y como los laboratorios les sirven en grandes cantidades y con importantes descuentos, el producto que les sobra lo venden en el mercado paralelo, con un margen menor que el que obtendrían vendiendo al paciente, pero que complementa muy bien su cuenta de resultados. Insisto, mientras se trate de parafarmacia no hay nada ilegal en ello. Otra cosa es que moleste a los fabricantes, que no pueden evitar que su producto aparezca en otros canales, o a los compañeros boticarios que tienen una perfumería enfrente de su farmacia.

Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, ese mercado paralelo ofrece también la posibilidad de comprar medicamentos. En este caso, los clientes solo pueden ser las cooperativas (los mayoristas en general) o las propias farmacias, puesto que los medicamentos solo se venden en el canal farmacia. El esquema se reproduce, sobre todo en los medicamentos genéricos, de la siguiente manera: Como ustedes recordarán, en mi primer post contaba que, pese a la prohibición expresa de hacer descuentos, los fabricantes de genéricos compiten entre sí en una guerra sin cuartel por el mercado, y compiten precisamente farmacia a farmacia. El boticario compra los genéricos con unos descuentos del 30%, 40%, 50%. Parte de esos genéricos los vende a sus pacientes y lo que le sobra se lo vende a un almacén del mercado paralelo. Es el mismo esquema que con la exportación, y de la misma manera es constitutivo de infracción muy grave. El almacén paralelo (llamémosle pirata o fenicio) a su vez le ofrece estos genéricos a una cooperativa, que los compra y los revende a las farmacias.

¿Porqué la cooperativa estaría interesada en comprar a estos piratas y no directamente al fabricante, se preguntarán? Muy sencillo, los fabricantes de genéricos venden a las cooperativas con descuentos muy pequeños, como mucho el 6%, mientras que los piratas se los ofrecen con descuentos del 20%. ¿Porqué a las cooperativas no les dan tanto descuento como a las farmacias? Porqué la cooperativa no tiene el poder de dispensación, ni de elegir qué marca se le da al paciente, y el farmacéutico sí.

El perjuicio aquí se le produce al fabricante de genéricos, que empieza a notar que vende más en farmacia (con descuentos del 50%) y menos en las cooperativas (con descuentos del 6%), lo que es mal negocio. Sin embargo, todavía no se ha encontrado el sistema para controlar que los propios comerciales del laboratorio de genéricos frenen sus ansias de vender y vigilen que las farmacias no compren más de lo que necesitan y lo vendan en el mercado paralelo.

¿Qué les parece? ¿Verdad que somos un poco fenicios? Todo este mercadeo, todo este arbitraje, estaría muy bien y hasta sería sano para equilibrar el sistema y evitar desmadres de precios, si no fuera porque estamos hablando de medicamentos y de conductas contrarias a la legislación sanitaria.

Una vez más, la venta de genéricos en el mercado paralelo por parte de las farmacias no es una actividad que afecte a muchos boticarios, pero esos pocos mueven cantidades exorbitantes de producto. Y en este caso, la implicación directa de algunas cooperativas, promoviendo estos almacenes paralelos con sus compras, es evidente y me atrevo a decir que generalizada.

La distribución y la botica ante el escenario de la liberalización

En contra de la opinión de un prestigioso gabinete de compraventa de farmacias, yo no creo que a ninguna cooperativa farmacéutica, ni siquiera a las más grandes, les vaya a beneficiar la liberalización. Más bien creo que será su tumba, y les explico por qué.

La pérdida de identificación de la farmacia con su cooperativa es un hecho y lamentablemente, en un momento de pánico como éste va a ser muy difícil que se recupere y más bien tenderá a agudizarse, al buscar cada boticario soluciones a su problema particular, aunque sea en detrimento de sus compañeros. Algunos ya están pendientes del teléfono para ver si son capaces de vender su farmacia a alguna multinacional antes de que el modelo se venga abajo y ésta no valga ni un céntimo.

La historia del cooperativismo ha demostrado que el progreso, el crecimiento de las cooperativas y su expansión geográfica han terminado convirtiendo a estas empresas en negocios difícilmente diferenciables de cualquier empresa privada o multinacional. Únicamente unos pocos miembros de los Consejos Rectores de las cooperativas se aferran al concepto de unidad y cohesión entre boticarios, y muchos de ellos de una manera cínica que busca solo el lucimiento personal y aparecer en la foto con el consejero o ministro de turno.

Las cuentas de resultados de las cooperativas, en lugar de enderezarse racionalizando recursos, repartos y descuentos, se trampearon con dudosas operaciones inmobiliarias, se parchearon con márgenes atípicos de exportaciones y se encuentran, a día de hoy, en una situación insostenible que dará lugar, en el peor momento, a una reestructuración de todo el sector que acabará con la desaparición de muchas de ellas. Algunos movimientos por el norte de España pueden dar pistas de por dónde van a ir los tiros.

Si esta reestructuración coincide en el tiempo con la apertura de la propiedad a capital no farmacéutico, comenzará el Apocalipsis del cooperativismo. Las nuevas farmacias de titularidad privada tenderán a agruparse en integraciones verticales con su propio mayorista, quitando cuota de mercado a las cooperativas. Éstas, con una sobredotación bestial de infraestructura productiva y de costes, y unos balances de capitalización media muy débil, irán cayendo una a una.

Hay un rumor muy extendido en el sector sobre la supuesta venta, siempre inminente (pero lo lleva siendo tantos años que uno ya no sabe cuándo ocurrirá), de una de las grandes cooperativas a una multinacional alemana de distribución farmacéutica. Eso no va a ser tan fácil, puesto que esa venta tendrían que aprobarla los propios socios de la cooperativa. Si esa gran asamblea se produce y los boticarios dueños de la cooperativa capitulan en masa entregando el último bastión de la farmacia española al enemigo, será digno de ver. Lástima que no viva Velázquez para pintar un cuadro.

Y si las farmacias pierden la propiedad de su distribución, entonces volveremos a principios del siglo XX, con todas sus consecuencias. Amigos boticarios, reflexionen, hablen con sus mayores y empiecen a actuar ahora, antes de que sea tarde.

Argumentos en defensa del modelo de farmacia actual.

Una semana después del nacimiento de este blog, compruebo con cierta satisfacción que ha sido acogido con interés. Partiendo de la nada y divulgado sin más herramienta que mi cuenta de Twitter @1912Milton - nacida al mismo tiempo que el blog - mi primer post ha alcanzado 3.371 visitas en una semana, con 105 comentarios, a cual más interesante. A esto ha contribuido sin duda su propio contenido, polémico y con muchos detractores y adeptos, que lo han leído con interés y han opinado extensamente. Por otro lado, debo agradecer a algunos de mis seguidores de Twitter su difusión mediante "retuiteo". Gracias a todos, estéis a favor o en contra de mis ideas, por participar en el debate.

Bueno, está claro que el tema ha suscitado interés y por otro lado no puedo dejar tirados a mis lectores, así que seguiré con mi mediocre perorata (así la ha calificado en Twitter uno de mis más fervientes detractores).

Argumentos en defensa del modelo de farmacia actual

Empezaré aclarando y ampliando algunos aspectos de mi anterior post. Muchos son los que han aprovechado el espacio - abierto y sin censura alguna - para comentarios en el blog, o ese foro apasionante que es Twitter, para salir en defensa del modelo de farmacia actual. Lo primero que quiero aclarar es que en ningún momento he pretendido atacar el modelo de farmacia en su conjunto. El modelo tiene, sin duda, algunos aspectos positivos desde el punto de vista sanitario y de abastecimiento que habría que tratar de preservar o incluso mejorar en el nuevo modelo. Lo que yo discuto fundamentalmente es que para preservar esos elementos sanitarios sea condición necesaria restringir la propiedad y la libre apertura de farmacias. Y lo cierto es que no ha habido un sólo comentario o réplica que me convenza de lo contrario.

Repasemos algunos de los argumentos utilizados.

El modelo chileno

El que más se repite es aquel que nos pinta un escenario post-liberalización donde 3 multinacionales implantan sus cadenas, borran del mapa a todas las farmacias y luego se dedican a concertar precios y a trabajar por meros objetivos económicos sin tener en cuenta la salud del paciente. Para ello, se pone de ejemplo el modelo chileno, país donde se liberalizó y ocurrió precisamente eso.

Nadie que utilice este argumento aporta datos sobre la incidencia del cambio en la salud del paciente, por lo que la cosa se reduce a apreciaciones personales (algunas de los propios farmacéuticos chilenos) sin ninguna base estadística. Mi impresión es que probablemente sea cierta una cierta pérdida de la cercanía del paciente con su boticario y que la empresa privada haya implantado algunos cambios que hagan esa relación más fría y con mayor visibilidad de los objetivos económicos. Pero insisto, y nadie me lo ha discutido a lo largo de esta semana, que el boticario español también tiene objetivos económicos, aunque estos sean menos evidentes que los de las multinacionales.

Puesto que no hay datos objetivos para demostrar que este modelo "chileno" perjudica la salud del paciente, me centraré en las consecuencias económicas del mismo. Un oligopolio de 2 cadenas de farmacias a las cuales la justicia chilena ha sancionado con multas de 19 millones de dólares (cada una) por pactar precios no es precisamente un buen ejemplo de libre competencia, sino todo lo contrario. Un economista neoliberal convencido como yo jamás daría por buena semejante situación. La persecución de los tribunales de la competencia debería ser rápida y contundente, y las sanciones mucho mayores. Sin embargo, es absurdo argumentar que para evitar que se creen situaciones contrarias a la competencia la solución sea mantener artificialmente un modelo restrictivo de la competencia. Eso solo lo argumentaría un habitante del Mundo Perdido.

Como decía esta semana en un tuit - aquel día estaba inspirado - no hay sistema perfecto, pero la libre competencia es a la economía lo que la democracia a la política. ¿Es el sistema perfecto? No lo es, y hay millones de ejemplos dentro y fuera de este sector que lo corroboran. Sin embargo, la libre competencia es un principio de la Unión Europea, por tanto una norma básica de nuestro sistema económico, y hay mecanismos e instituciones como la Comisión Nacional de la Competencia que se dedican precisamente a velar por que esta se cumpla. Casos como el chileno no tienen porque ocurrir en nuestro país por el mero hecho de que se elimine la reserva de propiedad y se eliminen las restricciones a la libre apertura. Lo que sí aconsejaría al Gobierno de España al dar este paso es que tenga muy en cuenta lo ocurrido en Chile para que el proceso se haga de la manera más limpia posible e, insisto en lo que decía en mi primer post, sin provocar innecesariamente la ruina de 21.000 empresarios individuales.

El modelo americano

Otros insisten en comparar nuestro modelo con el de los EEUU de América. Sin duda, si nos ponemos a comparar ambos sistemas a uno le entran las dudas. El sistema sanitario USA cuesta al estado el doble que el nuestro por habitante, y los ratios de salud de aquel país - con una economía más desarrollada que la nuestra - no son precisamente para ponerlo de ejemplo. Sin embargo, quien hace esa comparación olvida que los sistemas económicos y sanitarios de EEUU y España no tienen nada que ver. Criticar el modelo americano es fácil, y evidencia una actitud intencionadamente sesgada, pero lo cierto es que por mucho que se liberalice la propiedad de la farmacia española, nuestro sistema seguirá siendo muy diferente de aquel. Para llegar al modelo americano tendríamos que reformar todo el Sistema Nacional de Salud, todo el sistema económico diría yo, y derribar muchos de los pilares fundacionales de la propia Unión Europea.

Hasta yo, que soy de la Escuela de Chicago, acepto que el sistema sanitario de los EEUU de América no es precisamente algo a lo que aspirar, ni siquiera en el modelo de dispensación de medicamentos y de oficina de farmacia. Aunque no me negarán que, por otro lado, es allí donde se investigan y desarrollan la mayoría de los medicamentos nuevos. Lo que eso ha contribuido a la mejora de la salud mundial, también hay que tenerlo en cuenta de alguna manera.

En todo caso, es una comparación interesada y supone aceptar como cierta la hipótesis de que la liberalización de la propiedad nos llevaría directamente a un modelo similar al americano, hipótesis que no es cierta. Se puede liberalizar la propiedad manteniendo otros elementos regulatorios y de control que garanticen el abastecimiento a la población y el componente sanitario de la farmacia.

Tampoco puedo aceptar, como pretende un comentarista de este blog, que por el mero hecho de liberalizar la propiedad de la oficina de farmacia, vayamos a dejar vía libre para que el hampa se surta de materia prima en las cadenas de farmacia multinacionales, con la que producir metanfetamina en sus laboratorios caseros, con los riesgos que eso implica para la seguridad laboral de los propios fabricantes (me recuerda el comentarista que estos productos son altamente inflamables y muy inestables, por si alguno estaba pensando hacerlo en su casa). Bien, este tipo de argumentos son graciosos, pero asusta un poco ver que hay gente que puede pensar así. Espero por el bien del colectivo que sean una minoría.

La integración vertical

Ha sido habitual estos días la referencia a la integración vertical como mal supremo, consecuencia de la liberalización. Se pinta un escenario donde el Gran Capital - escrito así, con mayúsculas, en varios medios sectoriales - se hace con el control de la producción, distribución mayorista y minorista (o dispensación) del fármaco, manipulando todo el sistema en su propio beneficio.

Les contaré una cosa para los que no conozcan este sector. La distribución minorista, la red de oficinas de farmacia, es propiedad exclusiva de farmacéuticos titulados, como todo el mundo sabe. Lo que no sabe todo el mundo es que más del 80% del mercado de distribución mayorista esta en manos de empresas cuyos únicos accionistas son los propios boticarios. Cofares, con un 23% de cuota de mercado y presencia en todo el país, es el líder del mercado. Luego está Alliance Healthcare, mencionada en mi anterior post, que es la única distribuidora importante de capital no-farmacéutico. Y detrás, una ristra de cooperativas en cuyo capital solo pueden participar, por estatutos, los propietarios de las oficinas de farmacia: Hefame, Cecofar, Federaçió Farmacéutica, Cofano, Cofas, Cofarca, Cofarán... y así en una interminable lista de siglas, con un denominador común: Cooperativa Farmacéutica.

Por si esto fuera poco, ¿adivinan quién es el propietario de Laboratorios Cinfa, el primer laboratorio en España en unidades dispensadas en la farmacia, líder indiscutible en el mercado de genéricos, y muy bien posicionado en el de publicitarios? Exacto, los accionistas de Cinfa no son otros que los mismos boticarios que ya controlan la distribución y sus propias oficinas de farmacia.

¿Les gustaría a ustedes, humildes no-farmacéuticos, ser dueños de una oficina de farmacia? La legislación no lo permite.

¿Quieren ustedes entrar en el capital de estas cooperativas de distribución que dominan el 80% del mercado? Imposible, los estatutos, redactados y aprobados por los propios boticarios, se lo impiden.

¿Les gustaría comprar un porcentaje de control en el capital de Cinfa? Hagan la prueba y verán lo que consiguen. Y eso que el artículo 3.1. de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios establece que "el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología y de la veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios". Si no, imagínense.

Entonces, ¿sí el modelo actual ha permitido una integración vertical completa, contraviniendo a todas luces las garantías de independencia establecidas en la Ley 29/2006, como se puede objetar un cambio de modelo alegando que este traerá una integración vertical? Volvemos al Mundo Perdido.

El argumento fiscal

Hay quienes cuentan con el Ministro Montoro para la defensa del modelo alegando que la liberalización produciría un efecto negativo en la recaudación. Admito que el tema es discutible. En el modelo actual, el beneficio del farmacéutico tributa por Actividades Económicas en IRPF. Como todos sabemos el IRPF es un impuesto progresivo cuyo tipo impositivo va desde el 23% al 56% (caso catalán, donde la presión fiscal se ha llevado a límites insospechados). Se alega en algunos comentarios que al caer el mercado en manos de sociedades mercantiles, estas tributarían al 20% en Impuesto de Sociedades (tipo reducido aplicable solo a ciertas PYMEs).

Esta tesis tiene su base en un mecanismo que los asesores de farmacias han puesto de moda, como si fuera ingeniería fiscal de altos vuelos, consistente en declarar los beneficios de la venta de parafarmacia (la parte no regulada del negocio) a través de una sociedad mercantil, con el mismo domicilio fiscal que la farmacia pero distinto CIF. Esta jugada, una vez hecho el balance de Impuesto de Sociedades, tributación de los dividendos en la base del ahorro del IRPF, impuestos de AJD y notarías, a quien beneficia fundamentalmente es al asesor fiscal de turno, especie a la que reconozco tengo cierta aversión. Al margen de eso, si un engendro así cae en manos de un inspector de Hacienda, lo normal es que haga tributar al boticario por IRPF como Dios manda.

Pero lo peor de este tipo de esquemas, que han proliferado mucho en los últimos años en este país, es que ponen en su lugar a quienes pretenden ver en el escenario post-liberalización un caldo de cultivo para multinacionales evasoras y tributantes en paraísos fiscales, a través de misteriosas fundaciones y vaya usted a saber qué otros métodos delictivos. Aquí, el que puede, se monta sus fórmulas para pagar menos impuestos, sea o no boticario.

Ahondando en esta cuestión, les contaré que un porcentaje mayoritario de los boticarios, al declarar sus beneficios en IRPF no declaran sus ventas y compras reales, partiendo de la contabilidad, como establece la normativa fiscal. En lugar de eso, calculan un margen digamos "aceptable" por Hacienda, y declaran una aproximación a las ventas. Luego, cuando viene la inspección de Hacienda, es habitual que haya llanto y crujir de dientes, al ajustar el inspector los beneficios a la realidad.

Volvemos a hablar de argumentos boomerang. Señores boticarios, si tienen ustedes montado un sistema de tributación que facilita la evasión fiscal, no sean tan incautos de mentar a la bicha para defender su modelo de farmacia. Al leer estas líneas alguno estará pensando: Ya está el Sr. Friedman echando mierda al ventilador otra vez. Qué quieren que les diga, si no lo cuento yo, ¿quién lo va a contar?

No digo que las multinacionales no tengan mecanismos para evadir impuestos con más facilidad que los sufridos tributantes de IRPF (entre los que me cuento), pero tampoco se puede objetar la liberalización basándose en una presunción de culpabilidad y menos cuando el sistema actual no es precisamente inmaculado en ese aspecto. Si nos atenemos a la teoría, una sociedad mercantil tributaría al 30% (suponiendo que sean, como dan por hecho los detractores de la liberalización, grandes cadenas) en Impuesto de Sociedades, pero al repartir dividendos sus accionistas volverían a tributar por el beneficio después de impuestos en IRPF a un tipo entre el 21% y el 27% (si lo hacen en España). En conjunto, tributaría a un tipo superior al tipo medio de IRPF de la farmacia española. Así que el Sr. Montoro puede dormir tranquilo, que no tendrá problemas con De Guindos, sin que sirva de precedente.

Pero es que no tributarán en España, dirán algunos, aludiendo al carácter foráneo del capital. Volvemos a mi primer post: ¿Acaso los inversores extranjeros no tienen el mismo derecho que usted a invertir en un país ajeno al suyo y llevarse los beneficios, dividendos y tributación a su madre patria? ¿O es que cuando el capital español invierte en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, no nos parece una buena jugada?

Entonces, ¿el modelo actual no tiene defensa?

A lo largo de esta semana, he notado que algunos boticarios se tomaban mis opiniones como algo personal, como si yo tuviera algo en contra de la profesión. Nada más lejos de la realidad, como he insistido una y otra vez yo aprecio mucho la labor sanitaria del farmacéutico y la profesionalidad de la mayoría de los que conozco. Yo no escribo esto porque esté en contra de ningún boticario, lo escribo porque estoy en contra de que existan barreras injustificadas e innecesarias a la libre competencia, y porque pienso que es posible un modelo de farmacia mejor que el actual sin necesidad de mantener una reserva de propiedad que es injusta y desproporcionada para garantizar los fines sanitarios. Yo también opino, como muchos de ustedes, que la salud es lo más importante y aprecio la labor de los farmacéuticos, sin embargo no hay nada que me haga pensar que tener la propiedad en exclusiva y la competencia restringida sean requisitos imprescindibles para el adecuado desarrollo de esa labor.

Por tanto, señores boticarios, me disculpo si con mis ideas he perjudicado sus intereses económicos, pero les aseguro que no es nada personal (ni tengo, como algunos insinúan, un abuelo boticario como De Guindos). Alguno ha llegado estos días a pedirme que, como economista, dedique mi atención a otros problemas que hay en el mundo económico, y deje tranquilos a sus boticarios con sus reservas de propiedad. Les aseguro que es preferible que yo siga opinando a que lo hagan otros colegas míos que desconocen este mundillo y la profesión. Al menos yo abogo por un cambio gradual que trate de preservar el patrimonio de los actuales propietarios, evitando un colapso del sistema o la creación inmediata de oligopolios. Les aseguro que si me callo, vendrán otros que me harán bueno.

Alguno pensará que sólo me dedico a sacar punta a los problemas del modelo actual, así que voy a tratar de escarbar entre los comentarios de estos días para ver si hay algo rescatable. Entre los argumentos que más me han gustado para la defensa del modelo está la de un anónimo - lastima que la gente no se identifique al menos con un seudónimo - que con mucho fundamento y basándose en estudios económicos de cierto peso explica cómo en un ecosistema de libre competencia, a la larga las farmacias se concentrarían en los núcleos de mayor población, en detrimento de los pueblos. Éste podría ser un punto de apoyo para preservar algunos elementos positivos del actual modelo. Sin embargo, para ello habría que admitir una cierta intervención del regulador, que a mi juicio debería restringirse al ámbito rural, y con mucho cuidado. Aun así, esto supondría aceptar que el Gobierno vaya a contracorriente de la despoblación del medio rural en favor de las ciudades, y no acabo de tener claro qué beneficios habría para el conjunto de la población el que se inviertan recursos o se legisle adhoc con el único fin de preservar estos ecosistemas rurales. Sin duda, las pobres gentes que van quedando solas, muchas de ellas en la tercera edad, en esos pueblos cada vez más despoblados, agradecerían tener una farmacia como referente sanitario. Reconozco que el alegato de algún farmacéutico rural me ha llegado al corazón, y de ahí este momento de debilidad. Sin embargo, insisto, cualquier resquicio de regulación o limitación justificado por este asunto de los pueblos debería hacerse de manera que no sea una gatera por la que se cuelen aquellos que solo pretenden mantener las restricciones en su propio beneficio.

La alternativa al modelo de libre propiedad

Fíjense, a pesar de ser de la Escuela de Chicago, la única alternativa a la liberalización de la oficina de farmacia que se me ocurre es su integración como parte del Sistema Nacional de Salud. Para que ustedes me entiendan, convertir a los farmacéuticos en funcionarios del sistema sanitario y a las farmacias en centros de salud y dispensación de medicamentos. Decir esto en un país donde todo lo público acaba, de una manera u otra, convertido en un sobre de color manila, puede parecer un delirio. Pero si queremos buscar una alternativa al libre mercado, para asegurar un criterio estrictamente sanitario, no sería descabellado pensar en un modelo donde el farmacéutico no tiene ningún interés económico en la dispensación. Los ahorros potenciales, si fuéramos capaces de visualizar un sistema público bien gestionado (lo cual me resulta complicado, si he de ser sincero, y más en este país), son enormes.

Lo dejo ahí, para un próximo post.

Como siempre, les invito a opinar y plasmar sus comentarios en este blog, o a través de Twitter, @1912Milton

El Gobierno ante la decisión de liberalizar la propiedad de la oficina de farmacia

Reuníos en corro

Allá donde vaguéis

Y admitid que las aguas

Han crecido a vuestro alrededor

Y aceptad que pronto

Estaréis calados hasta los huesos

Si vuestro tiempo es algo

Que vale la pena conservar

Entonces mejor que empecéis a nadar

U os hundiréis como una piedra

Porque los tiempos están cambiando

Estos versos que cantaba Bob Dylan allá por 1964 parecen inspirados en el contexto actual de la oficina de farmacia española. Los tiempos están cambiando, las aguas han crecido y pronto estaréis calados hasta los huesos, a no ser que empecéis a nadar.

En España se ha reabierto el debate, a cuenta de la filtración – interesada, diría yo – del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, de si la propiedad de las farmacias debe estar reservada únicamente a los licenciados en farmacia y si debe mantenerse el sistema actual que ordena y restringe la apertura de nuevas oficinas de farmacia.

Las redes sociales arden en airadas controversias entre los que están a favor y en contra de semejante medida. Los actuales propietarios de farmacias – llamémosles boticarios, por abreviar –se oponen a la medida con gran fiereza, lo cual es comprensible. Hay que tener en cuenta que para llegar a ser dueño de su farmacia, estos boticarios han tenido que ejercer su profesión durante años hasta obtener la experiencia suficiente para que la consejería de sanidad de su Comunidad Autónoma les adjudique la correspondiente autorización administrativa, en función de un sistema de puntos por méritos. Con la nueva Ley, cualquier inversor advenedizo, sin formación, experiencia o puntos, podrá ser propietario de una farmacia. "Hasta un abogado ruso", como publica estos días un opinante profesional en la prensa especializada.

Sin embargo, este agravio no es más que la guinda a un pastel de gigantescas proporciones. Lo importante de este asunto es que la apertura de oficinas de farmacia lleva décadas regulada por un sistema muy restrictivo y como en todo mercado donde la oferta está limitada, los precios pagados por los traspasos de farmacias se han disparado. Es lógico, hasta hace poco ser propietario de una farmacia suponía trabajar en un sector con un número de competidores limitado y a una prudente distancia unos de otros, con una demanda estable y creciente de medicamentos y los precios debidamente regulados para preservar la independencia de los profesionales sanitarios (y de paso, limitar la competencia en beneficio de laboratorios y boticarios). Así que el mercado de traspasos de farmacias, animado y lubricado por asesores-intermediarios, ha sufrido hasta hace bien poco lo que solemos llamar un sobrecalentamiento o burbuja de precios. ¿De qué estamos hablando? Para hacernos una idea, una farmacia española factura de media unos 600.000 Euros y el precio pagado por esa farmacia hasta hace poco suponía multiplicar por 2 ó 2,5 sus ventas.

Tenemos entonces un boticario que ha pagado pongamos 1.500.000 Euros por su farmacia, de los cuales como mínimo 1.000.000 Euros los ha obtenido de una entidad financiera, poniendo como garantía el propio negocio y avalando con el resto con su patrimonio. Este boticario ya lleva 3 años arrepintiéndose de haber pagado semejante cantidad, ya que aunque la competencia sigue estando restringida, lo cierto es que la demanda ya no crece sino que ha caído más de un 20% desde que en 2009 se rompiera la tendencia, a causa de las políticas de reducción de gasto público farmacéutico impulsadas por los gobiernos de PSOE y PP. Si además tiene la mala fortuna de tener su farmacia en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias, etc. - la lista es tan larga que sería más cómodo citar las excepciones – el boticario en cuestión lleva dos años sufriendo retrasos en el cobro de las recetas, que ha tenido que aguantar con sus propios ahorros y asumiendo el coste financiero.

En resumidas cuentas, este boticario está ya bastante fastidiado porque si hoy intentara vender su farmacia, nadie le pagaría más del 1,5 de sus ventas. Es decir, en el mejor de los casos obtendría suficiente dinero para saldar la deuda bancaria y posiblemente ni eso. En esto se parece sospechosamente a tantos compatriotas que invirtieron en inmuebles, endeudándose por su valor pre-burbuja, y encontrándose hoy con una deuda superior al valor de los activos. Lo mismo que tantos empresarios, entidades financieras, etc. Historia Económica de España, años 2007 a 2013, nada más.

¡Qué injusticia!, claman los boticarios contra la medida anunciada, y en cierta medida lo es. La manera de legislar el sector farmacéutico en estos años de angustias soberanas, a golpe de Real Decreto-ley, ha generado una inseguridad jurídica que es mala señal para cualquier inversor y especialmente grave en un sector donde el componente sanitario debería suponer un mayor cuidado de la Administración a la hora de dotarlo de estabilidad.

Sin embargo, detrás de esta reivindicación hay muchas realidades incómodas. Si el boticario quería seguridad y estabilidad por encima de todo, podía haber luchado por un modelo de remuneración fija, independiente de sus ventas, ligado exclusivamente a su actividad sanitaria. Si quería seguridad y estabilidad, tendría que haber renunciado al modelo actual, donde el boticario no deja de ser un Empresario Individual, obligado a rentabilizar sus inversiones y con cierta libertad – dentro del cumplimiento de obligaciones sanitarias – para desarrollar su negocio. Nadie se quejaba en los años buenos donde, al calor del crecimiento económico y de una vigorosa demanda de medicamentos, esos mismos boticarios hicieron crecer sus negocios, en una metamorfosis lucrativa de boticas a boutiques, generando importantes ingresos adicionales a la receta pública con la venta de productos parafarmacéuticos, dietéticos cuando no puramente estéticos, adosando a su farmacia una ortopedia, una óptica o, en casos extremos, un centro de belleza.

Pero la condición de empresario, es lo que tiene. De nada vale quejarse ahora de que el negocio no da, de que las inversiones realizadas han perdido su valor por culpa de los cambios legislativos. Esto es algo que le ocurre a todas las empresas que trabajan en sectores regulados, que se exponen a cambios normativos con consecuencias no siempre favorables a sus negocios. Precisamente por eso estos empresarios suelen dotarse de potentes lobbys, para evitar que la Administración legisle en su contra.

La eliminación de la reserva de propiedad de la oficina de farmacia sería un golpe definitivo para una parte importante del colectivo de titulares. Al eliminarse esta restricción, los sistemas de adjudicación de licencias por méritos se caen por su propio peso (ya no haría falta méritos, ni siquiera el título para ser dueño de la licencia) y es lógico pensar que las normas autonómicas que regulan los habitantes por farmacia y las distancias irían facilitando poco a poco la posibilidad de abrir nuevas farmacias. De pronto, al eliminarse las restricciones y abrir la propiedad a cualquier inversor, el valor de la licencia administrativa pasaría a ser prácticamente nulo. Lo único que valdría – como por otro lado pasa en la mayoría de los negocios – es la capacidad de esa farmacia para generar flujos de caja positivos en este nuevo contexto de libre competencia.

De llevarse a cabo la eliminación de la reserva no solo se acabaría con el modelo actual de farmacia, sino que se produciría la ruina personal de miles de boticarios. Solo se salvarían aquellos que, habiendo comprado su farmacia hace muchos años, tengan el fondo de comercio y sus deudas a largo plazo completamente amortizadas. Pero incluso estos lo tendrían francamente difícil para sobrevivir en un mundo competitivo. Son muchos años viviendo en un entorno protegido y el boticario medio no está acostumbrado a competir, y menos contra corporaciones multinacionales.

Un factor crítico a la hora de competir es el importe de la inversión a la que cada competidor debe dar de comer. No hace falta ser economista para entender que si un inversor ha pagado 2 millones de Euros por su farmacia y otro entra al mercado pagando 0,5 millones, el primero tiene las cosas mucho más difíciles. Sólo por esto, los actuales propietarios lo llevarían bastante crudo en un contexto liberalizado. Pero es que, además, tendrían que competir con grupos cuya capacidad de negociación frente a la industria farmacéutica sería comparativamente enorme, y cuyo coste de operación sería sustancialmente menor.

Desde un punto de vista de logística, una farmacia típica recibe al día entre 6 y 10 pedidos de al menos 2 mayoristas diferentes (cuando no de 3 ó 4), y trabaja unas 7.000 referencias de producto. Su mayorista, que normalmente es una cooperativa propiedad de los propios boticarios, atiende todas las exigencias de surtido y servicio de las boticas y esto le obliga a servir 3 ó 4 veces al día, en un tiempo cortísimo (unas 2 horas y media) y trabajando unas 25.000 referencias en stock. Por el contrario, un grupo de distribución integrado verticalmente – esto es, con almacenes y farmacias dentro de su estructura – trabaja menos de la mitad de referencias y envía 1 solo pedido al día, sin tantas exigencias de tiempo de entrega. Se puede uno imaginar la diferencia de costes operativos que tienen una y otra estructura, y como saldrían parados los boticarios si intentaran competir manteniendo estos vicios adquiridos.

Es curioso que en sus comunicados de prensa la propia patronal de distribución española (Fedifar) se vanaglorie de tener uno de los mejores sistemas de Europa, precisamente por la proliferación de almacenes, por la amplitud de surtido, por la frecuencia de pedidos y la inmediatez en la entrega. Todo esto está muy bien pero, ¿es necesario? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? Porque si tiramos del hilo, todas estas “comodidades” que la farmacia española se ha podido permitir hasta ahora se financian todas con el mismo recurso, que no es otro que el precio que la Administración paga por las recetas. Esto, señores boticarios, no es eficiencia, sino todo lo contrario.

Todo este sistema, como digo, se caería por efecto de la competencia si el Gobierno decide eliminar la reserva de propiedad y las restricciones a la libre apertura.

Una decisión en manos del Gobierno de España

No es un debate nuevo. La Comisión Europea nunca ha visto con buenos ojos las restricciones a la libre competencia en la farmacia  -no así en otros sectores, como el agrícola, donde el proteccionismo se acepta como algo natural  – y el combate no ha cesado desde que en 2006 Europa nos sacara la tarjeta amarilla del famoso Dictamen Motivado. Los titulares brindaron prematuramente en 2009 por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los modelos farmacéuticos italiano y alemán, y sobre la planificación asturiana en 2010, dando por zanjado el asunto.

Error craso: Aunque la sentencia de 19 de mayo de 2009 del Tribunal Europeo estaba llena de argumentos en defensa de nuestro modelo de propiedad-titularidad, la conclusión fundamental del mismo era que la decisión estaba en manos de cada Estado Miembro, que podía limitar la libertad de establecimiento según su criterio si ello estaba justificado por motivos sanitarios. El Tribunal acepta las restricciones pero también aprobaría que no las hubiera, si el Gobierno Español así lo decidiera.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), en su reciente manifiesto en defensa del modelo de farmacia manifiesta que “El modelo regulado de Farmacia ha sido refrendado de modo inequívoco por diversas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo por razones de interés general y salud pública”, lo cual es cierto pero omite una realidad jurídica crucial. Es el Gobierno de España el que tiene la última palabra, y si éste elige modificar el modelo mediante la nueva Ley de Servicios Profesionales, Europa no va a poner pegas.

Tampoco parece que la postura del PSOE y otros partidos de la oposición, que ahora se ponen de lado del boticario, vaya hacer cambiar de parecer a un Gobierno que lleva poco más de un año tomando medidas desagradables, todas ellas en contra de la opinión pública. Salvo raras excepciones, lo natural es que la oposición se oponga a las medidas del Gobierno, por lo que nadie debe ilusionarse demasiado con este repentino brote de apoyos al modelo de farmacia. Por otro lado, el PP cuenta con una mayoría absoluta que le va a permitir hacer lo que quiera con este asunto y además no está solo en su postura puesto que UPyD, en este asunto, le acompaña en el Congreso.

También está quien se aferra a las declaraciones de la Ministra de Sanidad, apoyando el modelo como si esto fuera un asunto particular de De Guindos. No se lleven a engaño, la hoja de ruta del Gobierno está marcada desde su toma de posesión por la evolución de la prima de riesgo y el objetivo de evitar un rescate por parte de la UE. Hace tiempo que perdimos como país la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, el mismo día que aceptamos que ya nadie quería comprar nuestra deuda pública y que sin el apoyo del Banco Central Europeo no había dinero para pagar nóminas de funcionarios, facturas de proveedores, recetas de farmacéuticos… Esto no es, como algunos pretenden en un análisis sensacionalista muy típico de este sector, una revancha de De Guindos porque su abuelito era boticario y el siendo economista no pudo heredar. Eso es una mamarrachada que no merece publicarse ni en el Qué Me Dices. Ni es un objetivo de De Guindos ni de su ministerio. Este cambio forma parte de un paquete de medidas previamente pactadas con la Unión Europea, orientadas a eliminar barreras administrativas y a favorecer la libre prestación de servicios dentro del mercado común, y lo de la propiedad de la farmacia es solo parte de un conjunto de clara intención liberalizadora.

Al boticario español le falta visión de conjunto, a veces parece que vive en otro universo. Nuestro modelo económico no se sostiene, a causa de la deuda pública. El Gobierno está obligado a tocar palos que en situación normal no tocaría, y el argumento de la salud, al no ser aplastante, no puede contra la urgente necesidad de tomar medidas drásticas.

Además, olvídense de la Sra. Mato porque si hay un partido en España que sea ideológicamente afín a la libre competencia ese es el Partido Popular. ¿De dónde han resurgido estas tesis liberalizadoras, sino del think tank de FAES? Olvídense de Bruselas y de Luxemburgo y recuerden, de paso, que ese Partido Popular es el partido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos de este país.

Los pecados de la farmacia española

En todo caso, los boticarios pueden rasgarse ahora las vestiduras todo lo que quieran pero lo cierto es que esta liberalización, si llega, será responsabilidad en gran parte de ellos mismos. Si en lugar de oponerse sistemáticamente al cambio, de lamentarse de los sucesivos varapalos legislativos sin hacer nada para remediarlos, hubieran asumido que el modelo iba a terminar por ser insostenible y a diseñar uno alternativo que diera suficiente cobertura al ciudadano pero permitiendo al Estado un ahorro importante en la distribución del fármaco, otro gallo cantaría.

En lugar de ello, el modelo se ha ido degradando y han proliferado comportamientos que, de salir a la luz pública bien explicados, sonrojarían a todo el colectivo. Al principio de esta disertación he hablado sobre las transmisiones de la titularidad de las farmacias, que se rigen, en teoría, por un sistema abierto a cualquier comprador titulado con los méritos suficientes, adecuadamente publicitado y donde las Consejerías de Sanidad y los Colegios Profesionales deben velar por la limpieza del proceso. La realidad es muy distinta. El mercado de traspasos está dinamizado por empresas de consultoría que se encargan de poner en contacto a vendedores y compradores, de valorar las farmacias y de intermediar en las operaciones. Estas empresas, que normalmente trabajan a comisión sobrando un porcentaje del precio del traspaso, han jugado un papel importante en la sobrevaloración de las farmacias, por motivos evidentes. En la práctica, un boticario puede vender y de hecho vende su farmacia al mejor postor, incumpliendo fácilmente el sistema teórico impuesto por la Administración, que debería ir orientado precisamente a evitar esta especulación, al tratarse de un asunto sanitario.

Si rascamos un poco más, podremos comprobar que en el país proliferan las sagas familiares de boticarios. Esto es así no solo por que las licencias administrativas se heredan (asunto ciertamente cuestionable en pleno siglo XXI), sino porque es habitual realizar operaciones con el siguiente esquema: El padre (o madre) boticario, con años de experiencia y méritos de sobra, accede a una nueva botica y cede a sus hijos (que carecen de méritos, por su escasa antigüedad) la que era de su propiedad. Así, sin mucha complicación, la familia pasa a tener dos, tres, o las farmacias que sean capaces de acumular entre padres e hijos. No hace falta más que ir al listado de farmacias de cualquier colegio provincial para comprobar que esto es así. Este sistema lógicamente perjudica injustificadamente al resto de aspirantes, que con los mismos méritos que los hijos de boticario quedan siempre detrás de los padres.

Hay quien puede pensar que solo por acabar con estos restos de nepotismo medieval se justifica toda la reforma de la Ley de Servicios Profesionales.

La independencia y profesionalidad del farmacéutico

Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la patronal del sector para entendernos, “El Sistema español de Farmacia, basado en propiedad – titularidad del farmacéutico, es un modelo que garantiza una atención de calidad al paciente, por encima de otros intereses. Un farmacéutico que sea propietario de su farmacia es independiente económicamente, lo que garantiza el libre ejercicio de su profesión”. Estos argumentos están extraídos literalmente de las sentencias del Tribunal Europeo y teóricamente tiene lógica si no fuera por lo que sabemos de la farmacia española.

El principal argumento del binomio titularidad propiedad es la independencia del farmacéutico que teóricamente es mejor garante de independencia y de no poner lo económico por encima de la salud. Hay incluso quien pretende afirmar que el farmacéutico no tiene ánimo de lucro, aunque esta barbaridad es mejor no repetirla delante de De Guindos, no sea que nos saque la declaración de Hacienda y nos tengamos que poner colorados.

Por otro lado, esta visión beatífica del farmacéutico contrasta con la presunción de culpabilidad de cualquier otro empresario, que no tiene ninguna base. Entre boticarios, estos días se habla de las multinacionales, del “Gran Capital”, como si habláramos de la mafia siciliana, como si por definición una empresa de gran tamaño o un inversor internacional fuera esencialmente algo malo. Este pensamiento, que se mezcla además con argumentos patrióticos, contrasta con la realidad moderna de un país como España, imbricado en la UE y obligado a jugar las reglas de la globalización. ¿No sería mejor para nuestro país que en lugar de miles de pequeños empresarios surgiera un Amancio Ortega de la farmacia, dispuesto a salir de España y montar sus propias farmacias en todo el mundo?

El argumento sanitario tiene, de hecho, muy poco peso ya que las multinacionales son mucho más fáciles de controlar. Sabemos además que esa aclamada independencia del boticario no existe tampoco hoy en día, porque el farmacéutico está obligado a dar de comer a los fondos que han financiado esa inversión (propios y ajenos), como cualquier otro empresario, grande o pequeño.

Utilizar la profesionalidad como argumento es especialmente peligroso cuando existen hoy en día situaciones de incumplimiento generalizadas, precisamente poniendo la economía por encima de la salud. El ejemplo más claro de esto está en la venta de medicamentos genéricos. El sistema de prescripción impuesto por el Ministerio de Sanidad es el de prescripción por principio activo, es decir, el médico elige la molécula (omeprazol, paracetamol, fentanilo, atorvastatina) y el farmacéutico dispensa el genérico, de la marca que él prefiera. La normativa sanitaria - Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, artículo 3.6. – establece la prohibición absoluta de cualquier tipo de descuento o incentivo a los farmacéuticos, para evitar que estos tengan la tentación de elegir el medicamento en función de sus intereses económicos. Se trata de preservar la independencia del farmacéutico, de que éste no tenga tentaciones, de evitar que se ponga lo económico por encima de la salud del paciente. ¿Cómo se explica entonces la guerra comercial que hay en el canal farmacia entre fabricantes de genéricos, las hordas de comerciales dedicados a promocionar las marcas de genéricos en la botica, los increíbles descuentos de hasta el 50% que se le ofrecen al farmacéutico para que promueva una u otra marca?

El Ministerio de Sanidad conoce perfectamente de la existencia de estos descuentos, lo sabe Mato, lo sabe De Guindos, lo saben todos los boticarios de este país y lo saben los grandes fabricantes de genéricos, nacionales e internacionales, que operan en España. ¿Cómo se puede hablar de independencia del farmacéutico cuando éste está condicionado de una manera tan flagrante y generalizada en sus decisiones de dispensación por motivos puramente económicos?

Recordemos que los genéricos entre sí son teóricamente bioequivalentes, por tanto para el paciente no debería tener un efecto diferente tomar una marca u otra. En este sentido, el boticario podría alegar que la salud no está en juego, pero aun así no podría negar que está incumpliendo la normativa sanitaria vigente y que su profesionalidad queda cuestionada. Por otro lado, si todos los medicamentos genéricos son iguales, ¿por qué esos descuentos del 50% no se los hacen a la administración, en lugar de al farmacéutico, y así nos beneficiamos todos los ciudadanos? La respuesta a esto viene ya en forma de subastas, como las promovidas por la Junta de Andalucía, muy discutidas por todos los agentes del sector, incluyendo fabricantes, distribuidores y boticarios.

Este incumplimiento generalizado y sistemático de las normas de independencia por motivos puramente económicos es solo uno de los esqueletos que la botica española guarda en el armario. El otro, del que vimos la puntita a raíz del caso Dorribo (aquel que tuvo cierta trascendencia mediática por la presunta implicación del antiguo Ministro de Fomento) es el de la exportación de medicamentos.

Otra de las salvaguardas del sistema actual es que los boticarios solo pueden vender medicamentos a pacientes y la mayoría de ellos con receta. Sin embargo, cada vez está más generalizada (y no hay más que ver los expedientes de inspección de algunas consejerías) la práctica de vender esos medicamentos a mayoristas especializados en exportación, obteniendo unos márgenes adicionales que no solo van contra la ley sino que pueden suponer un desabastecimiento de esos fármacos para el paciente. Estos boticarios sin escrúpulos, no solo nos hacen cuestionarnos la capacidad del modelo actual para garantizar esa profesionalidad e independencia, sino que son un peligro para la salud. Sin embargo, ¿a cuántos de ellos se les ha retirado la licencia? ¿Hay alguno en la cárcel? Insisto, una multinacional no se va a jugar tan fácilmente su prestigio y si se dedica al sector salud, va a tener unos protocolos de vigilancia muy superiores a los que pueda garantizar el sistema actual. Sin duda, un modelo liberalizado no garantiza un control sanitario completo, pero no hay tampoco forma de demostrar que los incumplimientos serían peores que los actuales, y mi sospecha es que funcionaría mejor.

Un tercer asunto peliagudo es el de las residencias de ancianos. Los medicamentos que consumen los ancianos que viven en residencias solo los puede suministrar, en el modelo actual, un farmacéutico. En algunas zonas más ordenadas, a través del colegio de farmacéuticos se establece un sistema rotativo y equitativo, para que las farmacias se turnen en el abastecimiento a residencias de manera que los beneficios de esas ventas se repartan sin que haya luchas intestinas o competencia entre boticarios (pactos que por otro lado deberían de estar siempre en el punto de mira de la Comisión Nacional de la Competencia). En otras zonas no tan organizadas, el mercadeo entre farmacias y residencias, lubricado y dinamizado por los consultores de turno (que no podían faltar a la fiesta), es flagrante. Las farmacias se pelean entre sí para quedarse con el suministro a la residencia, dando descuentos, productos sanitarios gratis y otras dádivas para fidelizar a sus clientes. Esto, además de estar terminantemente prohibido por la normativa sanitaria, es una muestra más de que el sistema actual tiene poco que alardear en cuestión de independencia, profesionalidad y ética sanitaria.

Solo con estos tres asuntos cabría cuestionarse mucho si el sistema actual realmente sería mejor que un escenario liberalizado. Pero hay otro tema  espinoso a la vez que irónico. El argumento que esgrimen el CGCOF y la FEFE para defender el modelo, haciendo referencia a la profesionalidad del titular y a su independencia, se cae de maduro cuando comprobamos el altísimo porcentaje de boticarios que no pisan la farmacia más de dos horas al día. Estos mismo boticarios que critican al inversor capitalista han actuado muchos de ellos como capitalistas puros, dejando el ejercicio de la profesión en manos de un farmacéutico adjunto, un asalariado, mientras ellos se dedicaban a otros menesteres. Esta incómoda realidad, este pecado, les quita a estos boticarios el peso moral suficiente para defender el modelo actual.

Farmacéuticos patrióticos

Otro argumento que se utiliza estos días para defender el modelo es que hoy en día la farmacia es un sector 100% nacional y no deslocalizable. Cualquiera que no pertenezca a este mundo contestaría a primera vista que por definición una distribución minorista no es deslocalizable. Se puede deslocalizar la producción o incluso, dentro de unos límites, la distribución mayorista, pero el tramo minorista, por definición no es deslocalizable. Puede que los dueños no sean españoles, pero las farmacias siempre estarán en España, crearán puestos de trabajo en España y tributarán – en gran parte – en España. Precisamente porque no es deslocalizable, abrir el capital a otros inversores (nacionales o extranjeros) no sería potencialmente tan dañino.

Se argumenta, en este mismo sentido que el modelo actual genera 79.000 empleos. ¿Acaso un modelo más abierto no generaría estos o algunos más? En el fondo, se trata de redistribuir riqueza. Hoy en día un porcentaje del valor añadido se queda en manos de los 21.000 titulares de oficina de farmacia, y otro no tan alto en manos de los 79.000 empleados. En otro modelo la distribución de este valor añadido – que se origina, no lo olvidemos de un gasto público y por tanto de nuestros impuestos – sería diferente, pero no necesariamente más injusta.

Por otro lado, se argumenta que el modelo actual garantiza  al  ciudadano la  prestación farmacéutica, aún en momentos adversos, refiriéndose a las situaciones recientes de  demoras en el pago en algunas Comunidades Autónomas. ¿Acaso las multinacionales no aguantarían igual o mejor este tipo de situaciones? Ahí están las multinacionales de la industria farmacéuticas aguantando plazos de pago de 2 años de los hospitales públicos, sin rechistar, cosa que los boticarios ni podrían soportar financieramente ni, a juzgar por los comportamientos huelguistas y revolucionarios demostrados en los últimos tiempos (Comunidad Valenciana, sin ir más lejos), están dispuestos a asumir.

Se dice que el modelo actual posibilita a las Administraciones Sanitarias la implantación de programas para la mejora de la calidad de la asistencia farmacéutica, como la receta electrónica, la atención a pacientes crónicos y polimedicados, la atención sociosanitaria, etc…  Con todos mis respetos, si en lugar de 21.000 titulares independientes, con cuarenta y pico colegios profesionales detrás, hubiera 3 multinacionales con sendas cadenas de farmacias, la receta electrónica y todo lo demás estaría implantado ya en toda España, y de manera homogénea. Señores de FEFE, este tipo de argumentos boomerang es casi mejor no sacarlos a la palestra.

De todas formas, tampoco se entiende que haya quien defienda un proteccionismo para el capital farmacéutico, manteniéndolo en manos españolas y profesionales, y luego pretenda poder invertir su dinero en cualquier sector, en cualquier país. Si queremos globalización, si queremos libre mercado, tendrá que ser para todo, ¿o no? ¿Acaso los boticarios españoles no tienen sus ahorros invertidos donde les da la gana? Incluso en parte, sin saberlo (o sabiéndolo), es posible que sea propietario, directamente o a través de su fondo de inversión o de pensiones, de una multinacional – válgame Dios – farmacéutica, o incluso de una cadena de farmacias que opere fuera de España (una auténtica herejía). Insisto, a cualquiera que no conozca de cerca el mundillo farmacéutico español, su aislamiento de la realidad económica y su visión hipermétrope y sesgada de la realidad, este tipo de razonamientos como mucho le harán gracia. ¿Capital extranjero? Precisamente, lo que trata la UE es evitar que existan sectores protegidos de la libre circulación de capitales.

Es gracioso que la propia FEFE hable incluso de una “cartelización” del sector si se liberaliza la propiedad, dando por hecho que la cosa quedará entre 2 ó 3 grandes multinacionales que se repartirán a su antojo el mercado. Esto – además de un feo desprecio a las capacidades de la Comisión Nacional de la Competencia para evitar semejante escenario – si se hiciera, como ha ocurrido en otros sectores como telefonía o energía, partiendo de monopolios nacionales, podría ser cuestionable. Pero si se liberaliza partiendo de cero y la concentración del mercado se produce por efecto de la competencia, no hay nada que objetar. En todo caso, esta situación no es prudente denominarla como un cártel, en sentido peyorativo, sobre todo cuando el sistema actual es tan flagrantemente restrictivo de la competencia. No sea que alguien nos insinúe que el actual modelo farmacéutico español es un gran cártel auspiciado por el Estado.

La capilaridad y la farmacia rural

En defensa del modelo, se insiste también desde los foros oficiales en que ningún sistema liberalizado garantizaría la capilaridad del sistema actual. En la punta de lanza de este argumento se coloca a la farmacia rural, condenada a desaparecer si el sistema se liberaliza.

¿Saben lo que ocurriría si el sistema se liberaliza? Muy sencillo, que solo subsistirían farmacias en aquellas zonas donde hubiera demanda suficiente. En aquellos municipios donde no hubiera posibilidad de ganar dinero montando una farmacia, no se abriría ninguna. ¿Saben otra cosa? Esto es exactamente lo mismo que pasa hoy. Si alguien me encuentra un boticario rural que esté operando en plan ONG contra su propio patrimonio, que me lo diga.

Se argumenta que las grandes cadenas solo montarían farmacias en los núcleos de población medianamente grandes, y que el negocio de las rurales se resentiría porque los habitantes de los pueblos comprarían fuera del pueblo. ¿Dónde está el problema? Si los del pueblo quieren comprar fuera, que compren fuera. El problema, en realidad, solo lo es para los propios boticarios rurales y para algunos pobres ancianos con dificultades para desplazarse. Pero no nos engañemos, por un 3% de la población que vive en municipios de menos de 1000 habitantes no se justifica mantener un modelo que podría traer mejoras para el restante 97%. ¿O el Gobierno no debe de tomar decisiones por el interés general?

La farmacia rural, desgraciadamente, aunque algunos quieran situarla en la base del modelo no deja de ser una excusa o parapeto para proteger intereses mucho menos solidarios. ¿Hay que subvencionar a la farmacia rural? Pues depende de los recursos que tenga el Estado, de si eso realmente es imprescindible para garantizar la calidad de vida en el medio rural y de si hay una proporcionalidad entre el coste de las subvenciones y los beneficios de mantener farmacias en esos núcleos rurales. Insisto, al 97% restante de los ciudadanos nos tendrían que explicar muy bien porque se justifica la solidaridad (con nuestros impuestos) en estos casos y no en otros.

Mejoras para el ciudadano

Curiosamente, se da por hecho que la liberalización rompería la actual capilaridad, cuando la libre apertura en principio supondría una mayor capilaridad. Otra cosa es que, con el tiempo, la demanda y la capacidad de los diferentes agentes para satisfacerla, dé lugar a un modelo con más o menos farmacias. Pero, en todo caso, ese número de farmacias será el que los propios ciudadanos, pacientes y consumidores, hayan definido con sus hábitos de consumo.

Es que en mi barrio quitaron la farmacia, dirán algunos, echando la culpa a la liberalización. No señor, la culpa de que cerraran la farmacia no es de la liberalización, sino de los vecinos del barrio que preferían ir a la farmacia del centro comercial porque tenía mejor oferta. ¿O es que el Estado debe mantener un sistema de ordenación artificial para preservar farmacias deficitarias y que todos los barrios tengan la suya?

Es que las personas mayores no se pueden desplazar. Vamos a ver, si las personas mayores no se pueden desplazar da igual donde esté la farmacia porque ya hoy en día está yendo un familiar a por las medicinas. Además, si éste es el problema el Gobierno debería legislar para permitir la entrega a domicilio de medicamentos, algo que por otra parte redundaría en mejoras para todo el sistema (eso sí, en detrimento una vez más del status quo actual del boticario). Por otra parte, si hablamos de pacientes ambulatorios (de los que sí se pueden desplazar), estos teóricamente se ceñirían a comprar en la farmacia más cercana, la de su barrio. Entonces, ¿dónde está el problema? Volvemos a lo mismo, en un sistema liberalizado habrá farmacias donde los pacientes, con su demanda, quieran que haya. No hay sistema más justo.

Se discute también el cambio de modelo argumentando que el precio de las medicinas no bajaría porque está regulado. Esto es lo que se llama falsear la realidad interesadamente, puesto que los precios de los medicamentos los define el Gobierno y lo lógico es que, después de liberalizar, toque los márgenes de distribución y farmacia a la baja y siga actuando sobre precios de medicamentos como hasta ahora. Una cosa no quita la otra, y en un contexto de mercado dominado por grandes empresas, con economías de escala y una logística más eficiente que la actual, el gobierno podría apretar más los márgenes sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

También se dice que un modelo con un mayor número de farmacias es más caro para el Estado, ya que la normativa actual (Real Decreto-ley 823/2008) establece una deducción para las farmacias según su volumen de facturación de recetas. Esta afirmación da por hecho que se abrirían muchas más farmacias por habitante (como ha sido el caso en Navarra), lo cual va en contra de otro argumento en defensa del modelo que es la capilaridad. ¿En qué quedamos, habrá más farmacias o menos? De todas formas da igual porque si el número de farmacias crece y su facturación media disminuye, el Gobierno no tiene más que derogar esa parte del RDL 823/2008 y problema solucionado.

En Europa no hay liberalización

Es cierto que en Alemania, Francia e Italia la propiedad de la farmacia no está plenamente liberalizada. En este sentido, parece floja la coartada europea que el Ministerio de Economía maneja para justificar esta medida. En Alemania, por ejemplo, donde la distribución mayorista está desde hace años mayoritariamente en manos de inversores privados (tiburones, como los llamarían aquí los boticarios), uno de los mayores distribuidores del país intentó montar su propia cadena de farmacias y se ha metido una torta de pantalón largo, precisamente por estar aquel mercado más regulado de lo que les gustaría.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre los modelos alemán, italiano o francés, y el modelo español, y es que a ellos sí les cuadran – de momento – las cuentas públicas, y a nosotros no. Esto es lo que el boticario español tiene que entender cuando se defiende diciendo que en Europa no hay liberalización.

Por otro lado, en los Países Miembros como el Reino Unido donde si hay liberalización, hay una cadena de farmacias muy implantada, cuya marca principal es Boots. Esta cadena pertenece desde hace unos meses al gigante americano Walgreens, multinacional cotizada en bolsa, cuya filial española, Alliance Healthcare España, es el segundo mayor distribuidor de nuestro país, con una cuota de mercado de casi el 12%. ¿Es posible que los propios boticarios españoles se levanten en armas contra la liberalización y al mismo tiempo contribuyan a sostener el negocio español de quien, en unos meses, estará haciéndoles la competencia? Pues sí, es posible. Bienvenidos al incoherente mundo de la botica española.

Insisto, este sector es como El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Se escuchan cosas tremendas, se habla de grandes capitales y pequeños capitales, como si unos fueran mejor que otros, como si los grandes capitales no fueran sino una suma de pequeños capitales, estructurados en torno a fondos de inversión, o de pensiones. Se sataniza el capital, como si viviéramos en la Oceanía de Orwell, en 1984, y al mismo tiempo esos boticarios ejercen de capitalistas con sus ahorros, como cualquier otro ahorrador, en la medida de sus posibilidades que en ocasiones son bastante cuantiosas.

Conclusiones

Pese a todo lo dicho a favor de eliminar las actuales reservas de propiedad y restricciones a la libre apertura de farmacias, pienso que las reglas del juego no se pueden cambiar de un día para otro. La inseguridad jurídica es mala per se, y el Gobierno no puede justificar la ruina personal de quienes invirtieron pensando en el modelo anterior. Surge, a mi modo de ver, la necesidad de un periodo transitorio y de llevar a cabo el cambio de forma gradual. Y no se puede pretender que los farmacéuticos titulares, los colegios y la patronal, apoyen la medida porque es la ruina para ellos. No queda más remedio que hacer la reforma con la oposición del colectivo.

En el fondo estamos ante un debate ideológico. O se está a favor de la competencia o no. Argumentos para restringirla siempre va a haber. Ahí está la agricultura, los sectores estratégicos, etc. Pero en un país donde se están privatizando infraestructuras, transportes, hospitales, que pertenece a la UE y que depende hoy en día del apoyo del BCE para refinanciar su deuda, debe elegir muy bien qué líneas rojas marca y qué aspectos debe sacrificar.

Un último apunte. Aunque en Twitter se dicen muchas chorradas, el otro día leí algunos  comentarios que muestran hasta qué punto algunos boticarios viven en otro mundo. Parece que hay unos cuantos que piensan que la propiedad les pertenece en exclusiva por haber estudiado la carrera universitaria de farmacia. ¿Y los demás, que hemos estudiado otras carreras, los abogados, arquitectos, médicos, enfermeros, economistas, biólogos, periodistas, a qué tenemos derecho?

Señores boticarios, un consejo y ya termino. Dejen de retroalimentar sus propias ideas, no se dejen llevar por las opiniones de quienes son parte interesada y se dedican exclusivamente a dorarles la píldora. Lean algo fuera de esa prensa especializada donde no hay Dios que se atreva a publicar una opinión fuera de los dogmas gremiales y dense cuenta de lo que hay ahí fuera. Y cuando tengan una idea clara de lo que puede venir, empiecen a moverse, a agruparse y a prepararse para competir como colectivo, porque en solitario, esos tiburones que tanto temen se los irán comiendo uno a uno.